Guadalajara, Jalisco 

Ya van casi diez meses de abandono, agua estancada, promesas incumplidas y riesgo sanitario latente, sin respuesta del gobierno de Puerto Vallarta.

El Congreso del Estado aprobó un acuerdo legislativo impulsado por la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Yussara Canales González, para exigir al Ayuntamiento de Puerto Vallarta la inmediata limpieza y rehabilitación de la alberca olímpica de la Unidad Deportiva Alfonso Díaz Santos, mejor conocida como “La Bobadilla”.

La legisladora vallartense exhibió en sesión del pleno, la omisión de las autoridades municipales y la indolencia institucional que ha convertido una instalación deportiva en criadero del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

“No podemos tener un criadero de mosquitos del dengue institucionalizado. Hablamos de un riesgo sanitario que fue generado a raíz de la indolencia del gobierno municipal, con cerca de diez meses cerrada se rompe todo tipo de cohesión social, se menoscaban derechos de identidad y se atenta de manera artera contra los derechos civiles, políticos y humanos del pueblo de Puerto Vallarta. Promesas y discursos ya ha habido muchos se necesitan acciones concretas y sobre todo prontas.

Este llamado no es para denostar, sino para resolver, ojalá lo entiendan”.

De acuerdo con personal de la Octava Región Sanitaria, el 7 de julio se tuvo que fumigar el área tras detectar larvas y mosquitos adultos en plena actividad. “Se necesita una solución definitiva”, advirtieron.

La situación es tan grave que, según la diputada, ya no solo se trata del abandono de un espacio deportivo, sino de una amenaza directa a la salud pública.

La iniciativa, aprobada por mayoría, ordena girar un oficio al alcalde vallartense para que en el uso de sus facultades se dé mantenimiento urgente a la alberca, y se rehabilite para volver a estar al servicio de la comunidad.

• El proyecto no sólo atiende un problema sanitario, sino también social: la alberca era utilizada por deportistas semi profesionales, niñas, niños, personas adultas mayores y pacientes en rehabilitación. Su cierre ha representado un duro golpe a la vida comunitaria en la zona.

El Congreso instruyó al Secretario General a realizar las gestiones correspondientes para el cumplimiento del acuerdo, con lo que se espera que el Ayuntamiento actúe de inmediato.