Guadalajara, Jalisco. 

A un año de la creación del Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad del Estado de Jalisco, lo celebraron entregando un informe del trabajo realizado, pero sobre todo, ya planean cómo se acercarán y lo que pedirán a los candidatos de elección popular del estado.

Esto para que se comprometan a encontrar la verdad en cinco hechos que han marcado la vida social en el estado, para que se comprometan a crear una Comisión de la Verdad, explicó el miembro del Consejo Coordinador del Observatorio Ciudadano por el Derecho a la Verdad en Jalisco, Óscar González Garín: 

“Con la creación de una de la Comisión de la Verdad que el próximo año probablemente si contamos con el apoyo de los candidatos al gobierno del estado

Y a los que sean candidatos a diputados podríamos generar en el 2025 la creación de la comisión de la verdad que investigaría de manera autónoma de manera independiente estos sucesos, estos cinco casos de violaciones graves no esclarecidas en 30 años”.   

Los cinco graves hechos de violación a los derechos humanos que han marcado a Jalisco son:

• El caso que está por cumplir 70 años de impunidad que se trata de la comunidad indígena de Ayotitlán, en la costa sur de Jalisco;
• El segundo caso es de los sobrevivientes de la guerra sucia en el 65
• El tercero es sobre los afectados por la contaminación de la cuenca del Río Lerma-Santiago-Chapala
• La cuarta por las explosiones del 22 de abril 
• Y la quinta causa la explica González Garín: 

“La última son los 15 mil desaparecidos que tenemos ahora en los últimos tres sexenios a raíz de la guerra contra el narcotráfico

Que también es una situación encabezamos la lista a nivel nacional de víctimas de desaparecidos, de fosas clandestinas donde se encuentran restos como en botica, así por montón no se da abasto la autoridad forense para identificar a los restos humanos de todas estas personas la mayoría jóvenes que fueron secuestrados, muchos de ellos por las propias corporaciones estatales nuestras”.

Este Observatorio está formado por 23 pequeñas asociaciones civiles y colectivos de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos que durante los últimos 30 años no han querido esclarecer, ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos y mucho menos el estado.