Guadalajara, Jalisco. 

Mario Córdova España, director del Instituto de Investigación de Movilidad Urbana Sustentable de la Universidad de Guadalajara (UdeG), denunció que

el reciente proceso para autorizar el incremento a la tarifa del transporte público en la entidad se apartó de la legalidad

y funcionó como una simulación para validar un acuerdo previo entre el Gobierno del Estado y los transportistas.

En entrevista, el especialista señaló que el Comité de Tarifas, al que calificó como "sumamente desequilibrado", ignoró los criterios técnicos de indexación anual que establece la norma.

Según Córdova, en lugar de analizar las variaciones de costos para el año entrante, se "sacaron de la manga" proyecciones hasta el año 2030 para justificar un precio promedio elevado.

"Entonces el comité fue un simple cumplimiento de la ley, pero al final ilegalmente utilizado,

porque lo que debió haberse autorizado, lo que debió haberse sometido a votación es la tarifa del siguiente año".

El académico subrayó que la tarifa de 14 pesos anunciada por el Ejecutivo ni siquiera fue la que se votó en la sesión, donde se aprobó un promedio de 13.30 pesos.

Señaló que la rapidez con la que se publicó el acuerdo y la difusión inmediata de un video pregrabado del gobernador confirman que la decisión estaba tomada de antemano.

Asimismo, advirtió que el subsidio de mil 200 millones de pesos prometido por el gobierno es insuficiente. De acuerdo con sus cálculos, basados en los 3.1 millones de boletos que se venden diariamente,

dicho monto apenas cubriría al 47% de los usuarios, dejando a más de la mitad de la población sin el apoyo frente al incremento.

Finalmente, Córdova España lamentó que no existan compromisos de mejora en el servicio por parte de los transportistas y adelantó que, al haberse violado el proceso legal, existe la posibilidad de que organizaciones civiles interpongan recursos para revertir el aumento.

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