Instituto de Derecho Ambiental
Fotografía: UdeG
Guadalajara, Jalisco.

Contrario a lo que argumenta el Ayuntamiento de Zapopan sobre que el permiso de habitabilidad de las Villas Panamericanas, otorgado por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), es definitivo y no se puede atacar, la investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Raquel Gutiérrez Nájera, respondió que sí es posible por la vía del amparo.

La también presidenta del Instituto de Derecho Ambiental aseguró que tanto el municipio como la ciudadanía pueden ir por esta vía, algo que desde los académicos y expertos ambientales sí lo harán.

“La autoridad de Zapopan y la ciudadanía tenemos todavía el juicio de amparo, o sea esta resolución que hoy se viene a concretar con el certificado de habitabilidad admite todavía el amparo directo ante los jueces de distrito y, obviamente, debemos impugnar el artículo tercero transitorio del decreto que expidió el Gobierno estatal, donde exime de que le apliquen decreto de recuperación ambiental El Bajío a los fraccionamientos, condominios, terrenos que ya se hayan dado los permisos para urbanizar”.

Aseveró que, con este último decreto, se abre la puerta para que otros particulares puedan urbanizar la zona de El Bajío, de gran importancia ambiental para la ciudad por ser una zona de recarga de los mantos acuíferos y el Ayuntamiento zapopano ya debería estar con una estrategia jurídica para anular todos esos permisos de urbanización de, por lo menos, 85 particulares.

Respecto al permiso otorgado por el magistrado Laurentino López Villaseñor, dijo que eso era una “crónica anunciada”, pues el juicio de nulidad interpuesto por el municipio no prosperó.

“Y que realmente lo que manifestó Zapopan, en su momento, rasgándose las vestiduras de que no iban a entregar nada, porque sabían que lo iba a entregar el Tribunal en sustitución de ellos, y pues a mí manera de ver, es una muy mala señal del Tribunal de Justicia Administrativa el emitir este certificado en tiempo vacacional, porque resta tiempo a la ciudadanía para organizarse e interponer los recursos pertinentes para impugnar”.

Señaló grandes pendientes desde el Legislativo en materia ambiental, como reformas a la Ley Administrativa del Estado de Jalisco, al Código Urbano y exigir que el Procurador de Desarrollo Urbano haga su trabajo como representante de la ciudadanía ante este evento, al cual no se le ve por ningún lado.

A eso se suma que los diputados locales tienen la obligación de crear una Sala Especializada en Materia Ambiental, con jueces en la materia, especializados, con conocimiento, independientes, éticos y probos, que deberían encargarse de estos asuntos.

Fatima Aguilar

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