Guadalajara, Jalisco.

En Jalisco, y particularmente en el Área Metropolitana de Guadalajara, el Día Mundial de la Calidad del Agua llega con una ironía difícil de ignorar:

mientras el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) se autoriza incrementos tarifarios y pide confianza en su gestión, hay zonas de la metrópoli donde el servicio llega con mala calidad… o incluso no llega.

La paradoja ha alcanzado tal nivel, que incluso al edificio del Congreso de Jalisco, donde este 25 de julio se aprobó un aumento del 9.6% a las tarifas, también el agua llega sin sus propiedades básicas: incolora, inodora e insípida. Sin distinción de cargos, ciudadanos y legisladores abren el grifo para recibir agua turbia.

Lo peor es que a los cobros cada vez más altos se suma la opacidad del organismo, que ya ha comenzado a aplicar ese aumento bajo el argumento de que es necesario para dotar de un servicio de calidad a sus usuarios. 

Esto, en medio de una serie de críticas por la asignación de puestos sobre pagados a personal no calificado, como a la conductora de televisión Elizabeth Castro, quien tenía un sueldo de 73 mil pesos que salía del SIAPA (el segundo mejor de esa instancia), aunque ella misma argumentó que estaba “comisionada” a otra dependencia.

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Hoy, 18 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la Calidad del Agua, una fecha en la que se reconoce la importancia de medir y conservar la calidad del agua, reducir contaminantes y utilizarla sosteniblemente.

Es una efeméride que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha trazado con una meta para el año 2030 que, al menos por la experiencia de Guadalajara, se advierte distante: agua limpia y saneamiento para todas las personas.

La situación es preocupante, pues contar con un servicio digno previene enfermedades y, de acuerdo con registros de la ONU, 14% de la población mundial utiliza suministros de agua que no están protegidos ni regulados.

En el caso de Jalisco, nuestro Estado se encuentra en la tercera posición por plantas de tratamiento de aguas residuales en operación, sólo por debajo de Sinaloa y Oaxaca, según la Comisión Nacional del Agua.

Foto: SEGIA- Gestión del Territorio Jalisco

Aun así, desde el núcleo urbano más poblado de la Entidad: Guadalajara, se han emitido 72 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) sólo entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025 por cortes prolongados, baja presión, falta de aviso y agua en mal estado.

Esto es, una queja cada tres días en promedio, sin contar una cifra negra incuantificable debido al histórico acumulado que simplemente desistió de denunciar porque no recibe respuesta.

• Además, el organismo enfrenta críticas por su falta de transparencia, pues los informes financieros y técnicos que justificarían los incrementos no son claros ni accesibles al público, de tal forma que hay organizaciones civiles que exigen un plan de acción auditable, con plazos específicos y rendición de cuentas sobre en qué se gasta el dinero y cómo se traducirá en mejoras concretas.

El pasado 9 de septiembre, la rectora del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA), Mara Robles, urgió a que se someta al SIAPA a una evaluación externa, pues según afirmó, sólo entre 2023 y 2024 el organismo operador había aumentado de 104 a 121 millones de pesos el gasto en químicos, pero al mismo tiempo hubo un déficit del 16% en la calidad de agua. 

“En 6 años, la administración anterior gastó casi 11 mil millones en abastecimiento de agua. Eso es muchísimo dinero. Cinco mil millones en saneamiento, mil en la distribución y otros mil en la potabilización, para hacer un total de 19 mil 500 millones.

Nos decían que el agua sale perfectamente potable de las plantas tratadoras, pero en Jalisco el 89.5% de la población dependemos del agua de garrafón debido a la mala calidad”.

En el Día Mundial del Control de la Calidad del Agua, la paradoja es evidente: el organismo que debería garantizar el acceso a agua potable segura en Guadalajara cobra más, oculta información y entrega un servicio deficiente, incluso en las instalaciones donde se decide su futuro.

Foto: SGIA