Guadalajara, Jalisco.
Una Entidad de 13 desapariciones por día…
Jalisco es un estado donde desaparecen 13 personas al día, según datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), pero las sentencias absolutorias superan a las condenatorias.
El presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón, atribuyó a diversas causas que los jueces decidan absolver más que condenar a quienes la Fiscalía Estatal les presenta como presuntos responsables.
Entre ellas, que se trata de un delito “complejo de investigar”, pero no obedece a una integración deficiente de las carpetas desde la Fiscalía Estatal, más bien a que la mayoría de las desapariciones forzadas están relacionadas con el crimen organizado y los testigos no acuden a declarar por temor.
“La mayor parte de personas por desaparición forzada es porque están involucrados en el tema de venta de narcóticos o porque son consumidores de narcóticos, porque el consumidor no pagó y, en muchos de estos casos, están relacionados con la delincuencia organizada y es muy difícil dar con los responsables del hecho delictivo. Algún otro es por deudas, por problemas con vecinos, o incluso feminicidios, que las parejas hacen desaparecer. En la mayoría de casos, el gran número, que tienen que ver con delincuencia organizada, pues la misma víctima o el testigo no quieren declarar”.
Fotografía: Gobierno de Guadalajara.
José de Jesús Rentería es taxista y tiene 26 años. Desapareció el 31 de agosto de 2021, cuando fue a llevar un viaje al municipio de Etzatlán y su familia aseguró que:
“su único delito fue salir a trabajar”.
La última ubicación de su celular marcó en Tala, Jalisco, donde su mamá, Bertha Alicia, se ha dedicado a buscarlo sola porque en todo este tiempo no ha recibido apoyo de la Fiscalía.
“¿Su único delito qué fue? Salir a trabajar en el taxi y que se lo llevaran. Ese fue su único delito. Ya no puede uno ni trabajar. Es algo bien injusto y bien doloroso y yo lo único que le pido (al gobernador, Enrique) Alfaro: si no quiere salir, que no salga, él tiene sus motivos, pero que por favor nos ayude, que les pique las costillas a Fiscalía para que haga su trabajo”.
Espinosa Licón también justificó que la baja incidencia de sentencias en este delito obedece a que después de la presentación de una denuncia, el Ministerio Público requiere que sus testigos vayan a declarar, pues aunque es el representante de las víctimas, dichos testimonios no se toman en cuenta si no acuden al juicio oral y la mayoría de las veces es la prueba más fuerte en la que el fiscal sustenta sus investigaciones.
Pese a que la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco contempla que la Fiscalía Estatal habilite programas y medidas urgentes de protección para las víctimas en riesgo, Espinosa Licón aceptó que éstos no funcionan.
“En un juicio oral, la Constitución establece que tiene que ir a declarar en juicio público, contradictorio y oral. El fiscal le tendría que decretar medidas de protección, incluso de tenerlo como testigo protegido, pero no son los suficientemente eficaces. La gente no confía en muchas de las ocasiones frente a las instituciones o ven que la protección no es lo suficientemente clara. Por lo tanto, después de ser víctimas se cambian de domicilio, o el que fue testigo no quiere declarar”.
Para la integrante del Comité de Análisis sobre Desaparición de Personas, Carmen Chinas, que las desapariciones no tengan un freno en Jalisco se debe a la impunidad que hay en este delito.
“Estamos en un marco de impunidad total. Se comete la acción, pero no hay ninguna consecuencia. La segunda situación es el tema de la corrupción. Para el caso local, hemos visto en los últimos meses un involucramiento de la Policía Municipal con grupos criminales que fueron factores de la desaparición forzada”.
Carmen Chinas/Fotografía: Cortesía.
Una tercera causa que mencionó fue la falta de políticas de prevención. El presidente de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón, destacó que también este aumento de la desaparición es parte de un círculo donde las instituciones se encuentran descoordinadas, pues los cuerpos de seguridad no aportan los elementos necesarios y a eso se suma que la autoridad debe cambiar el discurso “políticamente correcto”.
“Los políticos mantienen el tono del discurso políticamente correcto y son víctimas de ellos mismos, porque al final de cuentas no nos permite, como sociedad, identificar la dimensión del monstruo que estamos enfrentando todos los días. Hasta que no se mete a la casa de una persona, entonces sí se toma conciencia de lo grave que estamos viviendo. Por eso, el llamado es a que hable con la verdad lo que estamos viviendo”.
Alfonso Hernández Barrón/Congreso de Jalisco.
Uno de los sustentos de la actual administración estatal para asegurar que hay mayor avance en las investigaciones, es que las judicializaciones incrementaron. ¿Pero eso significa que hay detenidos? No. Cuestionado sobre por qué no existen más sentencias cuando hay un gran número de carpetas judicializadas, Daniel Espinosa Licón aclaró que eso no significa que un juez otorgue una orden de aprehensión y el Ministerio Público lleve a un presunto responsable para procesarlo.
“El Ministerio Público, durante su investigación, a veces tiene reportes, denuncia de que, en determinado terreno, en determinada finca o determinado inmueble están llegando olores fétidos o saben que privaron de la vida a personas. El Ministerio Público lo que hace es solicitar una técnica que requiere control judicial, una orden de cateo y una orden de inhumación de cuerpos; entonces llega la solicitud al juzgado y aparece como judicializada cuando realmente no tienen responsable para ajustar una orden de aprehensión”.
Al hecho de vivir en un Estado donde se absuelve más a los presuntos responsables de este delito, se suma la doble desaparición que padecen las familias: la institucional y otra que las revictimiza. En Jalisco, sólo 2% de los cuerpos fallecidos sin identificar cuentan con un archivo básico completo. No se pierda mañana la última entrega de este trabajo especial: Desaparecer: la tragedia del Jalisco actual.