Guadalajara, Jalisco.
“Ya tengo a mi hijo casi completo…”
“Yo nomas pido que me entreguen a mi hijo para poderle dar cristiana sepultura y yo ya sentirme un poquito más liberada de mis tensiones. Yo ya me enfermé, tengo diabetes, soy hipertensa. Ando muy mal, la verdad, muy mal psicológicamente, yo necesito que nos escuchen, que me escuchen y que me apoyen para que ya pronto tenga noticias para que me entreguen a mi hijo. Yo ya tengo a mi hijo casi completo”.
Esa es la doble desaparición que viven las familias en Jalisco: la institucional. A Cecilia Flores, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) tardó dos años en entregarle el cuerpo de su hijo William Salinas, a pesar de que su cuerpo estaba casi completo desde el 13 de febrero de 2020. Fue en enero de este año cuando finalmente pudo tenerlo.
Desapareció el 19 de octubre de 2019 y lo encontraron meses después, mutilado en la fosa del Mirador II, en Tlajomulco.
William trabajaba como soldador y desde niño tuvo habilidades para la tecnología. En sus tiempos libres arreglaba aparatos electrónicos. El día que su familia no supo más de él fue justo cuando iba de camino a la Colonia Santa Fe para entregar un teléfono que reparó.
“Porque estoy muerta en vida, estoy muy mal, la verdad, y tengo que trabajar porque tengo que sobrevivir, pero yo lo único que quiero es que agilicen los trabajos. Hay muchísimas personas que ya encontraron a sus familiares, yo conozco compañeras de diferentes colectivos que ya sus hijos están como el mío y no nos los entregan, nosotros que nos apoyen para que nos los entregue, porque de verdad es un dolor muy fuerte”.
De acuerdo al informe ¿Quiénes Son? La Crisis de Identificación de Personas en Jalisco, publicado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), desde 2006 hasta diciembre de 2020 sólo 2% de los cuerpos, osamentas y restos humanos ingresado al Servicio Médico Forense (Semefo) contaba con un archivo básico completo. En ese periodo se contabilizan 49 mil 203 ingresos por distintas causas.
“Algunos de estos cuerpos, o la mayoría, claramente, corresponde a que no cuentan con archivo básico, pues antes del año 2015, naturalmente porque todavía no existía esta obligación, de acuerdo con ese protocolo que mencionaba, pero posteriormente hemos visto varias discrepancias. Por ejemplo, que en algunos archivos básicos solamente se contaba con unos peritajes; por ejemplo, lo correspondiente a causa de muerte o por ejemplo el peritaje antropológico, pero no con el odontológico”.
Desde 2015, al emitirse el Protocolo para la Identificación y el Tratamiento Forense de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), se hizo obligatorio tener el archivo básico completo, que incluye los dictámenes de medicina, antropología, odontología, criminalística, genética y dactiloscopia.
De las pruebas aplicadas a las personas fallecidas sin identificar, el CEPAD documenta que la de antropología es con la que más se cumple, seguida de la dactiloscopia, mientras que la genética es la que más se omite.
“Muchas familias lo han afirmado: a mi ser querido me lo desaparecieron dos veces: una las manos criminales que se los llevaron, y en ocasiones que son encontrados los cuerpos, la desaparición institucional, de que incluso en ocasiones se ha encontrado ya a su ser querido y tardan años en entregárselos, consolidando así una sobrevictimización, y a esto le anexamos la falta del acceso a la justicia al que tienen las víctimas, el derecho a saber la verdad”.
Frente a las malas prácticas institucionales por la carencia de recursos en el Semefo, que se vinieron a recrudecer con la pandemia, Hernández Barrón destacó que urge un Centro de Identificación Humana y una plataforma nacional de biogenética que evite a las familias esta doble desaparición, como la que ha vivido Cecilia Flores.
“Yo ya lo tengo visto todo. Nosotros porque hemos estado yendo a búsquedas y a búsquedas, y estar viendo gente en pedacitos. Entonces, es un dolor tan grande ir a ver por partes a la gente y ya con los pedazos ya no sabes si son o no tus familiares”.