Guadalajara, Jalisco. 

Del primer año de pandemia al 19 de mayo, desaparecieron 4 mil 835 personas en Jalisco.

Ese fue el año de un episodio violento contra los jóvenes que ahora se conoce como el “Halconazo Tapatío”.

El estado es el “epicentro” de las desapariciones en México, al ser el primer lugar, aunque ahora las autoridades ya no alimentan la base de datos donde lo hacen los demás estados, explica la secretaria del Comité de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, Denisse Ayala Hernández:

"Los jóvenes son los más afectados por el fenómeno de la desaparición, los hombres desaparecen entre los 20 y los 39 años en su mayoría y las mujeres desaparecen en una edad mucho más temprana y joven, de entre los 15 y 19 años se encuentra la curva más alta de desaparición".

Entonces como el estado ya no manda la información como el resto, ahora no hay detalle oficial disponible, hay que pedirlos vía ley de transparencia.

De esas casi cinco mil personas desaparecidas, dos mil 120 son jóvenes de 15 a 29 años, es decir, cuatro de cada 10, estos son datos oficiales de la Fiscalía de Jalisco que fueron obtenidos vía ley de transparencia tras una solicitud realizada por activistas del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).

El principal miedo de un mexicano es a desaparecer. El 5 de junio, hubo 80 jóvenes en el estado que se enfrentaron a una desaparición temporal que duró horas a causa de quienes se supone que los tienen que cuidar: la policía.

Todo empezó con un acto de represión policiaca en Ixtlahuacán de los Membrillos:

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Al día siguiente habría una manifestación en Fiscalía, pero un grupo de policías levantó a 80 jóvenes, el número está registrado en la Recomendación 82/2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

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Con motivo del tercer aniversario de las desapariciones por parte del Estado, fue programado un ejercicio de memoria, explica una sobreviviente, quien habla desde el anonimato porque ya se sabe de lo que es capaz la autoridad.

Es una proyección del cortometraje que se llama "5 de junio", no es un documental, sino una ficción que recrea los hechos:

"Lo que se nos propone es justo un ejercicio en primera persona de vivir de alguna manera a través de las emociones y los sonidos qué vivieron las personas que fueron secuestradas ese día y que fueron desaparecidas por varias horas y luego llevadas a lugares de alta peligrosidad". 

Este lunes 5 habrá una intervención en la Plaza Imelda Virgen, de manera pacífica, lúdica y apartidista, con distintos colectivos que incluyen familiares en búsqueda de personas desaparecidas.

"Haremos este ejercicio colectivo de memoria, de verdad y denunciación de los delitos que ocurrieron porque sistemáticamente se ha negado: se habló de abuso policial, se habló de uso excesivo de la fuerza, pero se ha negado por parte del gobierno del estado los delitos que ocurrieron que son, los más graves: tortura y desaparición forzada y que recordemos que son delitos de lesa humanidad que no prescriben".

Lo mismo pasó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no reconoció como desaparición forzada lo que sucedió.

La Codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), Denisse Montiel, lo explica:

“Estos patrones que se siguen repitiendo, donde no se reconoce la tortura, donde no se reconoce la desaparición forzada que fueron minimizadas a actos de detecciones arbitrarias o al tema de afectaciones a la integridad física y por estos hechos, por esta recomendación que no fue aceptada por las víctimas, a muchas de ellas se les negó participar en los procesos, fue que impugnaron esta recomendación y presentaron un amparo en acompañamiento del CEPAD”.

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Es la única oportunidad que hay a nivel nacional para poder impugnar, añadió. Tampoco se reconoce la responsabilidad del Fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, quien estaba el superior jerárquico.

De no prosperar, tendría que haber un procedimiento mediante organismos internacionales.

El Jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales, Jaime Tamayo Rodríguez, explicó que en Jalisco se repite lo que se vivió a finales de los ’60, de los gobiernos “gorilas”, de reprimir a cualquier manifestación de disidencia, de protesta o diferencias con la autoridad y reaccionar con violencia:

“Hoy en Jalisco tenemos nuevamente un ‘Gorilato’, hay una serie de elementos que parecieran repetir lo que fue el gobierno de Díaz Ordaz, en este caso, a nivel local”.

“Hace tres años tuvimos el epicentro en esta represión contra los jóvenes durante prácticamente tres días, con acciones que fueron desde golpes, detenidos, desaparecidos, desaparición forzada, que duró algunas horas, si tú quieres, pero que fue esto: la absoluta impunidad de las autoridades responsables. Directamente podemos decir: el fiscal, que la propia fiscalía se utilizó como una jaula”.

Otra coincidencia con el periodo de Díaz Ordaz fue cuando dijo que ofrecía su mano a los jóvenes y luego los manda reprimir.

"Bueno, la misma situación se vio aquí, después de la represión, el gobernador decía que ofrecía su mano a los jóvenes, parecía una parodia de aquella situación que se había vivido a nivel nacional".

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