Los Ángeles, California.

Muchas dudas e incertidumbre ha causado un decreto del presidente Donald Trump que busca negar la ciudadanía estadounidense a hijos nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentadas.

Es un decreto de difícil implementación, pero no imposible.

“Lo que está haciendo en otras palabras, es pedir a la Corte Suprema, sea la que determine y no el proceso normal del congreso y de ratificación de estados”.

El decreto por sí solo no reemplaza a una enmienda constitucional. Pero el presidente Donald Trump firmó el decreto sabiendo que su partido republicano controla ambas cámaras del Congreso y que la mayoría de los nueve magistrados en la Corte Suprema son conservadores.

“El temor es que la Corte Suprema de los Estados Unidos que ha estado quitando precedentes y quitando derechos constitucionales, en otros casos, pues decida hacer lo mismo en este caso”.

El decreto recién firmado establece que para otorgar la ciudadanía estadounidense a un recién nacido, al menos uno de los padres debe ser estadounidense o residente permanente.

Entonces surge la duda en cuanto a los hijos de residentes temporales.

“No tienen un estatus permanente. Es temporal y cancelable. Dudo que si tienen hijos en Estados Unidos, que los hijos bajo esta orden ejecutiva sean ciudadanos americanos”.

Dentro de ese grupo también se incluyen otros programas temporales como Parole Humanitario, DACA y todo aquel que este en un proceso para regularizar su situación migratoria.

• El decreto entrará en vigor 30 días después de su firma, así que el 20 de febrero se dará el primer caso. Se prevé entretanto una batalla legal aguerrida.

“Esas apelaciones llegarán hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema dictará si la 14 enmienda aplica a todo el mundo o solamente a los hijos de ciudadanos y residentes, como quiere Donald Trump”.

Si la Corte Suprema determina que Trump tiene razón, ahí termina el caso. De lo contrario, Trump tendría que buscar una enmienda a la constitución por medio del congreso y los estados de la unión.

“Posiblemente no tendrían los votos necesarios ni en el congreso, ni los estados necesarios para poder ratificar un cambio directo a la Constitución”.

Para ello necesitaría dos terceras partes del congreso y la ratificación del 75% de los estados de la unión.