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Chicago, Estados Unidos
De implementarse redadas masivas de indocumentados a lo largo de Estados Unidos, los restaurantes probablemente serán uno de los sectores empresariales más afectados, según líderes de ese gremio.
Por muchos años Sandra García, quien es madre soltera, ha trabajado en restaurantes para ganarse la vida y mantener a su hija. Dice que declara sus ingresos, incluyendo propinas, y paga impuestos. Por eso pide al gobierno federal ser justo y no implementar deportaciones masivas.
“A pesar de que no tenemos un estatus legal, somos parte de este país. Aunque no lo quieran reconocer lo somos y tal vez es lamentable que nos tengan en la oscuridad, que nos hagan a un lado y que simplemente nos saquen, nos quieran eliminar como si no sirviéramos”.
Así como ella, más de 12 millones de personas sirven alimentos en los restaurantes de Illinois y el resto del país.
- Sam Sánchez, Asociación Nacional Restaurantera
“Sesenta por ciento, los trabajadores son gente de afuera, que acaban de llegar. Llegan con visa, se les expira la visa. Pero lo importante es saber de eso que la mayoría son indocumentados”.
La industria restaurantera genera más de mil millones de dólares en ventas anuales y sería el sector más afectado, de implementarse las detenciones.
“Por eso queremos trabajar con la administración para entender qué es lo que necesitan y hallar las oportunidades de una ley migratoria donde permita a la gente que tiene 10, 20, 30 años (estar) aquí.
Tienen hijos. Están pagando impuestos. O sea, pagan más de 17-mil millones de dólares en impuestos laborales”.
Según este líder empresarial, funcionarios de la nueva administración de Donald Trump entienden los efectos de dichas redadas y eso está cambiando la narrativa en Washington, DC.
“Ahora ya no se habla de deportación masiva, como se hablaba en la campaña. Se está hablando de criminales, criminales, Tren de Aragua, pandillas y gente que está en cárcel ahorita”.
En el 2024 se registraron al menos un millón 400-mil personas con órdenes de deportación pendientes. Y se calcula que hay al menos 660-mil personas, sin documentos migratorios, que fueron declaradas culpables de algún delito o que enfrentan cargos criminales.
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