Guadalajara, Jalisco.

El presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, de extracción morenista, fue detenido este jueves en un operativo conjunto de fuerzas federales, como parte de una investigación por presuntos abusos de autoridad y una red de corrupción al interior del Ayuntamiento, así como sospechas de nexos con la delincuencia organizada.

• La detención se realizó tras la ejecución de varios cateos en Jalisco por parte de elementos de la Defensa, Marina, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en seguimiento a la llamada Operación Enjambre, que previamente derivó en la captura de alcaldes en el Estado de México.

De acuerdo con las indagatorias, Rivera Navarro es señalado por utilizar espacios públicos con fines personales y de gobierno, entre ellos el Museo Nacional del Tequila, inmueble que habría sido convertido en oficinas administrativas e incluso en un espacio de uso privado, lo que generó denuncias ciudadanas por abuso de poder.

Sin embargo, las investigaciones federales también apuntan a que el alcalde encabezaba un esquema sistemático de extorsión contra empresas cerveceras, tequileras, comerciantes y empresarios del municipio, además de presuntos desvíos de recursos públicos desde distintas áreas del Ayuntamiento.

Junto con el edil fueron detenidos tres funcionarios clave de su administración: Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas.

Las autoridades investigan si estos servidores públicos operaban de manera coordinada dentro de la red de corrupción municipal.

Rivera Navarro ya había sido citado anteriormente por la Fiscalía de Jalisco en mayo de 2025, luego de un evento musical en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco, hecho que generó polémica y abrió nuevas líneas de investigación.

• Hasta el momento, las autoridades federales no han informado sobre la situación jurídica de los detenidos, aunque confirmaron que las investigaciones continúan y que el caso forma parte de una estrategia para desarticular estructuras de corrupción y presuntos vínculos criminales en gobiernos municipales.