Guadalajara, Jalisco. 

El caso del diputado local Leonardo Almaguer Castañeda, señalado por haber sido detenido en 2004 por robo calificado y delincuencia organizada, reabre un capítulo que Jalisco arrastra desde hace más de una década:

la reiteración de funcionarios públicos envueltos en escándalos que rara vez derivan en consecuencias legales

y porque muchas veces lo que se busca es envolverlos en un espectáculo político, antes que buscar justicia.

Casos previos y patrones en funcionarios públicos de Jalisco

El patrón no es nuevo. En 2015, Luis Carlos Vega Pámanes, entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, fue exhibido por intervenir para tratar de favorecer la liberación de personas acusadas de robo de vehículos, lo cual provocó su renuncia y cimbró al Poder Judicial.

Dos años antes, Elisa Ayón, ex diputada local del PRI, fue señalada por presuntas irregularidades en la Dirección de Panteones del Ayuntamiento de Guadalajara. Aunque el Congreso solo la inhabilitó y no hubo sanciones penales, unos audios filtrados en donde exigía retribución y reparto la sacaron de la vida pública.

En el Gobierno de Jalisco, Francisco Ayón López, ex presidente del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado, fue cuestionado por contratos y compras irregulares y continúa su proceso en libertad.

A la par, Antonio Cruces Mada, ex secretario de Salud, enfrenta señalamientos por desvíos y malos manejos administrativos, aunque él sí permanece en prisión.

También estuvieron bajo investigación Miguel Castro Reynoso, Daviel Trujillo y Salvador Rizo, ex secretarios de Desarrollo e Integración Social durante el sexenio de Aristóteles Sandoval, quienes en octubre de 2024 fueron exonerados de manera definitiva por acusaciones relacionadas con la entrega irregular de recursos a organizaciones civiles.

Casos recientes y antecedentes clave en Jalisco

Entre los casos más recientes y graves destaca el de Asunción Murguía, ex alcalde de Teuchitlán, detenido por presuntos vínculos con el crimen organizado tras la localización de un campo de entrenamiento delictivo en ese municipio: el Rancho Izaguirre.

Pero antes de ellos, hubo precedentes clave. Rodolfo Ocampo, ex titular del SIAPA, estuvo preso entre 2013 y 2016 por el presunto desvío de recursos del programa “Todos con Agua”, que nunca se concretó. Y en 2008, Jorge Vizcarra, ex alcalde de Tonalá, fue detenido al estar acusado de ordenar el asesinato de un colaborador; obtuvo su libertad un año después.

El caso de Leonardo Almaguer cobra relevancia adicional porque, siendo legislador de oposición y rostro visible de protestas contra el tarifazo, salió a la luz su historial penitenciario, lo cual reaviva el debate sobre los filtros partidistas y la ética en el ejercicio público.

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