Guadalajara, Jalisco. 

Miguel de la Rosa Figueroa, diputado local y coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, calificó la licitación del contrato de fotomultas como una medida estrictamente recaudatoria y un "enfoque de negocios" que prioriza la sanción sobre la prevención vial.

El legislador dijo que el contrato obliga al Estado a pagar cerca de 11 millones de pesos mensuales a una empresa privada, sumando más de 700 millones de pesos en cinco años, lo que a su juicio compromete ilegalmente el presupuesto de futuras legislaturas.

Asimismo, de la Rosa señaló una "profunda incongruencia" en el partido Movimiento Ciudadano, recordando que en 2017, siendo oposición, exigían la extinción de este mismo esquema que hoy impulsan desde el gobierno.

Morena critica enfoque recaudatorio y contrato millonario

Miguel de la Rosa Figueroa, diputado local y coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Jalisco.  

“No, pues nos parece que es parte de una, un enfoque de negocios que hace el Gobierno con los servicios públicos y las tareas de prevención, en este caso en cuanto a los límites de velocidad. Nosotros como grupo parlamentario no compartimos los enfoques recaudatorios ni de coacción ni sanción.

Nos parece que el Estado debería asumir más una función de prevención y de fomento de la cultura vial, del respeto y cuidado de sí mismo del conductor y de los transeúntes,

pero con un esquema diferente de carácter preventivo y de formación de cultura y ciudadanía, y no de recaudación y de sanción”.  

• El hecho de que el contrato contenga la meta de al menos multar a 500,000 ciudadanos al año lo convierte en una medida más que preventiva en recaudadora, afirmó el diputado.

“Indudablemente es una medida recaudatoria. Es decir, el Estado se está obligando a pagarle a la empresa cada mes cerca de 11 millones de pesos, y por año cerca de 130 millones de pesos, y liquidarle a la terminación del contrato,

en estos cinco años que tendría vigencia, más de 700 millones de pesos,

pues invariablemente el propósito es obtención de recursos para el Estado a través de esta medida de coerción a la ciudadanía y evidentemente también de capitalización a una empresa del cual desconocemos bajo qué esquemas haya sido contratada, ¿no?”. 

Impacto presupuestal y ruta legal para revertir contrato

El diputado agregó que sí existe una ruta legal para revertir el contrato.

“Sí, porque el Congreso del Estado se está viendo involucrado en esta decisión, en una decisión que le corresponde al Congreso cada año, que es la definición presupuestal. Con este contrato el Ejecutivo está obligando al Congreso a cubrir prestaciones multianuales, cuando el presupuesto se aprueba por año.

En este caso lo pudo haber suscrito por un año, pero lo está suscribiendo por los otros cuatro siguientes del sexenio que le corresponde

 y evidentemente está como aplicándole limitaciones al Congreso para la toma de decisiones en materia presupuestal”. 

El diputado enfatizó la postura de la fracción de Morena.

“Pues nosotros estamos en contra de que se empleen este tipo de empresas y de contrataciones que reitero, no tienen el afán de la prevención y del cuidado de la seguridad ni de la vida de las personas.

Su enfoque esencial es un enfoque recaudatorio y de incluso llamamos a Movimiento Ciudadano a que sea congruente con una postura que ya habían asumido ellos en el 2017".