Guadalajara, Jalisco. 

Luego de que el Congreso de Jalisco aprobó un referéndum para consultar a las personas si están de acuerdo en el incremento de 9.50 a 14 pesos en la tarifa del transporte, el gobierno estatal emitió un comunicado en el que afirma que al ser una medida contributiva no procede.

Congreso de Jalisco aprueba referéndum para tarifa de transporte

Al respecto, el diputado Miguel de la Rosa, líder de la bancada de Morena en la legislatura local, dijo:

“Es una opinión del gobernador, desde la perspectiva del Congreso es una solicitud formal, legal con apego al marco jurídico estatal y encontramos procedente y además de la prudencia legal, también es la legitimidad, que la ciudadanía participe en la toma de decisiones”.

“Hay una prestación de un servicio fundamental para la ciudadanía y evidentemente no se limita solo a una a una acto contributivo, hay la prestación de un servicio y la opinión de la gente tiene que escucharse”.

Las y los diputados aprobaron también integrar una comisión que revise la calidad del transporte público, además de solicitar a la Auditoría Superior del Estado que revise el contrato del gobierno estatal con Broxel, una empresa ofrece una tasa de interés alta sobre un crédito que puede ser del 85 por ciento.

Diputado Miguel de la Rosa denuncia contrato con Broxel y uso de subsidios

“Cómo el subsidio, que debe ser un derecho de la ciudadanía que son sus recursos públicos, lo está utilizando el gobierno para acercar a cuatro millones de clientes cuando menos a una empresa privada que es la peor calificada por Conducef y que cobra comisiones excesivas por los servicios financieros que ofrece”.

Movimiento Ciudadano acusó que Morena también contrató a la empresa Broxel.

“Solo lo utiliza como canal de dispersión de beneficios, programas o prestaciones, entre ellos vales de despensa”.

“Están convirtiendo a cada usuario en un cliente de la empresa. Está condicionado a convertirse cliente para que pueda recibir los subsidios. Eso no ocurre en ninguna entidad gobernada por Morena”.

Ahora la pregunta es si se puede hacer algo a pesar de que ya se firmó el contrato. De la Rosa señaló que el documento lesiona derechos de las personas y afectaciones importantes al presupuesto, que justo el Congreso tiene que ser tomado en cuenta porque es el que decide cómo se gasta el recurso público.

El diputado afirmó que no hay un bloque opositor como lo ha dicho el gobernador.