Guadalajara, Jalisco. 

Cuando está a punto de darse una nueva manifestación contra el tarifazo este sábado 17 de enero, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD) y 50 organizaciones más advierten de que hay un un patrón persistente de violaciones a los derechos humanos en las últimas manifestaciones,

en concreto en la del sábado 10 de enero de 2026 en el centro Guadalajara denuncian que se dio la represión y la criminalización.

Detalles confirmados sobre detenciones y represión

Quedaron documentadas detenciones arbitrarias, además de acciones de incomunicación y desaparición forzada de corta duración, en contra de personas que ejercían legítimamente su derecho a la protesta social, particularmente estudiantes.

• Estas agresiones -refiere el documento firmado por las 51 asociaciones civiles- fueron cometidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco (SSPEJ), evidenciando nuevamente el patrón de represión e impunidad que prevalece en la entidad frente al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de reunión.

Se dijo que la movilización se desarrolló bajo un amplio despliegue de agentes viales y culminó en las inmediaciones del Palacio de Gobierno y si bien durante el desarrollo de la protesta se registraron algunas acciones de iconoclasia en el inmueble gubernamental,

los elementos antimotines que salieron del interior del edificio no realizaron detenciones en ese momento.

Aseguran que ya terminada la manifestación y cuando las personas se retiraban de manera pacífica, cuatro de ellas fueron detenidas arbitrariamente por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco.

• Esto fue en las inmediaciones del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA) y del Parque de la Revolución, a más de un kilómetro del punto donde había finalizado la marcha.

En imágenes se puede ver que fueron encapsulados y posteriormente trasladados a las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco, donde el personal se negó a proporcionar información, señalando que debían acudir a la SSPEJ.

Sin embargo, la ubicación enviada desde el teléfono celular de una de las personas detenidas confirmaba que el dispositivo se encontraba precisamente en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, dependencia que también negó brindar información, incumpliendo su obligación de garantizar el derecho a la verdad y a la integridad personal de las personas detenidas.

Acciones oficiales y respuesta institucional

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) inició un acta de investigación y solicitó información a la Secretaría de Seguridad, pero se rehusó a ejercer sus facultades para acudir a los posibles lugares de detención, argumentando falta de personal, omisión que resulta especialmente grave ante el riesgo de violaciones a derechos humanos.

Resulta importante señalar que la presentación de las personas detenidas ante la autoridad ministerial se prolongó de manera injustificada y las autoridades se negaron a brindar información sobre su paradero,

lo que configura una desaparición forzada de corta duración y constituye una clara violación al debido proceso y a las garantías judiciales.

Posteriormente, la Fiscalía del Estado determinó iniciar la Carpeta de Investigación 1604/2026 por delitos contra la salud y portación de armas y objetos prohibidos, en contra de las cuatro personas detenidas.

Termina el documento señalando que la actuación de autoridad fue similar a un patrón que se sostiene desde el año del 2004 y que permite violaciones sistemáticas al debido proceso y al principio de legalidad mediante el uso indebido del derecho penal para inhibir y castigar el ejercicio de derechos fundamentales.

Finalmente cuestionan la respuesta oficial del Gobernador del Estado de Jalisco que refrendó la criminalización, justificó las detenciones arbitrarias y deslegitimó la protesta social.

Esta postura, se comenta, no es un hecho aislado, sino parte de una práctica reiterada de represión por parte de agentes estatales, ampliamente documentada por el CEPAD a lo largo de más de dos décadas.

Terminan exigiendo lo siguiente:

1. Que la Fiscalía del Estado de Jalisco informe de manera inmediata y transparente sobre el estado que guarda la Carpeta de Investigación 1604/2026, así como la existencia de cualquier otra carpeta relacionada con los hechos aquí descritos.
2. Que se detenga la criminalización de las personas detenidas arbitrariamente y se ordene el no ejercicio de la acción penal.
3. Que las autoridades del estado de Jalisco se abstengan de seguir perpetrando actos de deslegitimación, represión y criminalización de la protesta social, y garanticen que el ejercicio de este derecho.
4. Que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco ejerza sus atribuciones para mitigar la comisión de actos de tortura y desapariciones forzadas en contextos de protesta social, acudiendo a centros de detención donde podrían encontrarse personas manifestantes.