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Guadalajara, Jalisco.
El Gobierno de Jalisco consideró jurídicamente improcedente la solicitud del Congreso del Estado para convocar a un referéndum sobre la tarifa del transporte público, al argumentar que dicho mecanismo no puede aplicarse a disposiciones de carácter contributivo, como lo son las tarifas de servicios públicos.
De acuerdo con un boletín emitido por la Secretaría General de Gobierno, el acuerdo legislativo aprobado contraviene lo establecido en la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, particularmente en su artículo 42, que excluye expresamente de la materia de referéndum las disposiciones relacionadas con impuestos, derechos, cuotas o cualquier carga de naturaleza contributiva.
El comunicado precisa que las tarifas del transporte público constituyen una contraprestación por un servicio regulado por el Estado y, por tanto, no pueden someterse a consulta ciudadana mediante este mecanismo.
Además, señala que la facultad del Congreso para solicitar referéndums está limitada únicamente a reglamentos y decretos, según lo establece la fracción II del artículo 43 de la misma ley.
La Secretaría General de Gobierno subraya que:
El ajuste tarifario en cuestión no deriva de un decreto ni de un reglamento
Sino de un acuerdo administrativo emitido por el titular del Poder Ejecutivo, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de diciembre de 2025, lo que refuerza su exclusión del procedimiento de referéndum.
Otro de los señalamientos del boletín es que el acuerdo legislativo fue dirigido al canal institucional incorrecto, al solicitar la convocatoria al Consejo de Participación Ciudadana y Popular, cuando la legislación vigente establece que la autoridad competente para estos procesos es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC).
Finalmente, el Gobierno estatal reiteró su compromiso con la legalidad, la participación ciudadana y el respeto al Estado de Derecho, asegurando que mantiene una disposición permanente al diálogo institucional, siempre dentro del marco jurídico que rige la vida pública de Jalisco.
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