Guadalajara, Jalisco. 

La Reforma Judicial en Jalisco, un tema que ha generado "dolores de cabeza tanto en el Congreso como fuera", lleva un año de retraso en su armonización con las disposiciones federales, según el diputado Alejandro Puerto.

Este estancamiento se debe a una "diversidad de situaciones muy particulares", principalmente porque "durante un año no fue prioridad y hay que reconocerlo: no fue prioridad de ningún grupo parlamentario concretar esta reforma".

El diputado Puerto, quien junto a Morena, PT y Futuro presentó una de las diversas propuestas de reforma, explicó que la falta de concreción también se debe a la existencia de

"una diversidad de reformas que buscaban entorpecer la aprobación y la implementación de esta reforma aquí en el Estado".

No fue hasta la semana pasada que "en un bloque de 25 diputadas y diputados dimos el paso al frente para sacar adelante un dictamen que tomara en cuenta todas estas reformas, incluida la del gobernador y la de su bancada".

Sin embargo, la propuesta del gobernador de más diálogo, a pesar de que su iniciativa está incluida en el dictamen, es vista por el diputado como "un intento por descarrilar la reforma y provocar su deshechamiento".

Puerto argumenta que "un proceso que se abrió hace un año con presentación iniciativas con procesos de dictaminación, ya no puede estar sujeto al diálogo con el resto de poderes, porque ya es una decisión soberana del Congreso de Jalisco".

El gobernador, según Puerto, "pretende ganar tiempo para que no se concrete la mayoría necesaria, para que se apruebe esta reforma y entonces tengan que desechar".

Y de desecharse, "tendríamos que esperar 6 meses más para volver a presentar la armonización y eso le quitaría tiempo muy valioso a la gente que está esperando recibir justicia". 

Además, esto "reforzaría los intereses que están enquistados en el Poder Judicial porque recordemos que ahorita están pasando algunas reelecciones que tienen como objetivo dejar a magistradas y magistrados que está por fenecer su periodo para que tengan pase directo a la elección judicial y,

entonces, poner toda la maquinaria de Movimiento Ciudadano a su servicio y de nuevo quedarse con el control del Poder Judicial".

• Entre las preocupaciones del gobernador, el diputado destacó tres puntos.

Uno es la "tómbola", que ha sido un "pretexto empapado con mucho clasismo", ya que la consideran "vulgar" a pesar de ser "un mecanismo muy efectivo para dirimir diferencias menores o las diferencias que son muy pequeñas entre un entre un participante y otro".

La tómbola, en realidad, "se queda solamente como una herramienta para dirimir algunas controversias. Por ejemplo, en caso de empate o en caso de que el criterio de paridad no se cumpla".

En segundo lugar, dijo, está la evaluación, que es una de las "preocupaciones reales del Poder Ejecutivo", quien quería que la evaluación se realizara a través de la escuela judicial del Supremo Tribunal

o, más recientemente, a través de universidades privadas, lo que "les facilitaría a ellos el control sobre la idoneidad de los perfiles que quieren competir". 

El diputado recordó el caso de 2020, donde "les filtran las preguntas, reprueban el examen, ¿Qué es lo que hace el Movimiento Ciudadano? Simplemente eliminar el examen cuando el proceso de elección ya estaba en curso".

• Esto demuestra que "a ellos les preocupa mucho no tener el control sobre el filtro de los aspirantes porque perderían el control total del Poder Judicial".

Y en tercera instancia, concluyó, están "los cambios que sufriría el Tribunal de Justicia Administrativa". Aunque se mantendría como un ente autónomo, "sus integrantes sí serían electos por voto popular".

Esto preocupa al Ejecutivo porque "tanto (el ex gobernador Enrique) Alfaro como (el actual, Pablo) Lemus volvieron del Tribunal de Justicia administrativa una herramienta política", utilizándolo para "brincarse las determinaciones del Poder Legislativo".

Admitió que la falta de aprobación de esta reforma afecta "muchísimo" a la sociedad y señaló que "de toda la población carcelaria que hay en Jalisco, más del 51% están detenidos y detenidas sin sentencia aquí en el foro común".

Además, "el rezago que tiene el Poder Judicial incautado sin resolver es también cercano al 50%, lo que significa que "la mitad de la gente de Jalisco vive sin acceso a la justicia" y "quienes están eh esperando a una sentencia lo están haciendo sin saber si son eh culpables en alguna medida o inocentes".

El diputado calificó la situación como una "descomposición institucional donde no solamente la gente no recibe justicia, sino que los órganos encargados de impartir justicia se utilizan como cuotas políticas".

Mencionó el caso específico de un magistrado declarado inelegible por la Suprema Corte, pero que el tribunal y el Congreso del Estado "en lugar de sacarlo del Supremo Tribunal, lo que hacen es asignarle la magistratura de un personaje que estaba prófugo por delitos muy graves contra la infancia". 

Esto, finalizó, implica que "todas las determinaciones que llevó a cabo, todas las sentencias, todo el trabajo judicial e impartición de justicia que hizo ese magistrado, prácticamente sería inválido".