Guadalajara, Jalisco.

El gobierno de Jalisco ha quedado a deber en la atención y protección de la niñez del estado.

Prueba de ello es que muchas de las interrupciones legales del embarazo en niñas y adolescentes en edad gestacional avanzada por violación son de comunidades indígenas, lo que indica que hay un foco rojo en esas zonas y la autoridad ha cerrado los ojos.

Carece de una estrategia para evitar que siga ocurriendo, reprocha la representante en Jalisco de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Patricia Ortega: 

“Varios de los casos que se han atendido en Jalisco de embarazo de semanas avanzadas tienen que ver con comunidades que viven en esas condiciones, entonces tendría que hacerse un plan específico para la región, pero obviamente se inicia con la detención y el procesamiento del violador".

"La reincidencia de estos delitos precisamente viene de la impunidad, como no pasa nada, todo mundo sabe que no se debe de hacer, pero como no pasa nada. Tendría que tener ya una medida contundente, particular, específica para atender esto”.

Además hasta el momento no se ha informado si ya fue detenido el sujeto que violó a su propia hija de 12 años quien hace apenas unos días después de una semana de mucho batallar cumplieron su derecho de interrumpir su embarazo fuera de Jalisco.

• La activista señala que el delito es muy grave ya que no sólo se trata de un violador, sino también de que es su padre y además un pederasta