Guadalajara, Jalisco.

La Contraloría del Estado de Jalisco inició una auditoría de cumplimiento a la Comisión Estatal del Agua (CEA) para revisar el manejo de sus obligaciones de transparencia y acceso a la información.

Esto, luego de que la dependencia clasificó como reservada la totalidad del proyecto ejecutivo del nuevo acueducto Chapala–Guadalajara, pese a haber sido financiado con recursos públicos por casi 22 millones de pesos.

Contraloría ordena auditoría por manejo de transparencia en CEA

De acuerdo con un oficio fechado el 21 de enero de 2026, la Contraloría ordenó formalmente la práctica de una auditoría enfocada en la publicación de información pública, el acceso a la información y la protección de datos personales, correspondientes al ejercicio 2026.

El documento fue dirigido al director general de la CEA y marca el inicio de una revisión administrativa que podría derivar en responsabilidades para funcionarios públicos.

La auditoría surge después de que se diera a conocer que la CEA destinó casi 22 millones 800 mil pesos para la elaboración del proyecto ejecutivo del acueducto sustituto y posteriormente negara su entrega a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

La dependencia argumentó que la difusión del documento representaría un riesgo para la seguridad pública, la salud de la población y la integridad del sistema hídrico, sin ofrecer una versión pública ni detallar qué apartados justificarían la reserva.

Contexto y consecuencias de la reserva del proyecto ejecutivo

El oficio de la Contraloría establece que la revisión busca verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y faculta a auditores específicos para requerir información, acceder a instalaciones y revisar documentación relacionada con las decisiones de transparencia adoptadas por la CEA.

Además, advierte que la falta de colaboración, la negativa a proporcionar información o la entrega incompleta de documentos podría constituir faltas administrativas y dar lugar al inicio de procedimientos de responsabilidad.

El proyecto ejecutivo, aunque no contempla la construcción del acueducto, incluye estudios técnicos clave que servirán de base para una obra estratégica cuyo costo final podría ascender a miles de millones de pesos.

La apertura de la auditoría ocurre en un contexto de debilitamiento institucional del derecho de acceso a la información, mientras el Congreso de Jalisco mantiene pendientes las adecuaciones legales que permitirían a los ciudadanos impugnar de forma efectiva las reservas impuestas por las dependencias.

Diputadas del PRI y del PAN han advertido sobre el mal momento que vive el derecho a la información en Jalisco.

Por ahora, la revisión de la Contraloría coloca bajo escrutinio una decisión que, hasta ahora, había mantenido fuera del alcance público uno de los proyectos de infraestructura hídrica más relevantes para el Área Metropolitana de Guadalajara.

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