Guadalajara, Jalisco.

Lo que comenzó hace más de un siglo como una visión de estado para garantizar el futuro hídrico de Guadalajara, hoy se tambalea en los tribunales agrarios. En 1892, el gobernador Luis Curiel adquirió 248 hectáreas del Bosque de los Colomos para proteger sus manantiales.

Sin embargo, tras décadas de presión urbana, el estado enfrenta la posible pérdida definitiva del Manantial de la Campana, una pieza fundamental del sistema que abastece a miles de tapatíos.

Un patrimonio mutilado por la plusvalía

A lo largo de los años, el Bosque de los Colomos ha perdido el 40% de su extensión original debido a invasiones en una de las zonas con mayor valor comercial del occidente del país.

Estos terrenos han sido blanco constante de la ambición urbana, transformándose en 

"proyectos inmobiliarios, ya sea de fraccionamientos exclusivos, de torres carísimas, departamentales, de centros comerciales y demás... son terrenos muy deseados por intereses inmobiliarios".

Esta fragmentación ha reducido las 248 hectáreas iniciales a apenas 148, poniendo en jaque el equilibrio ecológico y la captación de agua.

El golpe del Tribunal Agrario

La crisis actual se centra en un juicio vigente desde 2012 impulsado por el Ejido Zapopan. A pesar de la relevancia histórica y ambiental del predio de 1.6 hectáreas en disputa, el Supremo Tribunal Agrario emitió una resolución en octubre pasado que declara ilegal la posesión del SIAPA y ordena restituir la tierra al ejido.

La gravedad de este fallo radica en que dentro de ese terreno se encuentra el manantial de la Campana y un acueducto subterráneo vital.

Expertos y autoridades advierten que, si la sentencia se ejecuta, el impacto social será inmediato:

"ya no estaríamos produciendo esa agua para abastecimiento a 50,000 personas... también estaría peligrando el Bosque de los Colomos... es un espacio público porque si lo compró el gobernador, no lo compró con su dinero, lo compró con el dinero del Gobierno del Estado".

La última línea de defensa

Ante la negativa del magistrado ponente para discutir el fallo, el Gobierno de Jalisco, el SIAPA y el Ayuntamiento de Zapopan han recurrido al Poder Judicial Federal. Se ha interpuesto un amparo directo que, por ahora, concede una suspensión de la sentencia.

La defensa sostiene que el interés público debe prevalecer, pues "no se pueden hacer usos privados o incluso ejidales de un área de esta, porque es precisamente para conservación y garantizar abastecimiento de agua potable para la población".

• El destino de este eslabón centenario del sistema hídrico de Guadalajara queda ahora en manos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.