Guadalajara, Jalisco. 

En 2024, en 75% de los casos de feminicidio en Jalisco las mujeres asesinadas contaban con una orden de protección activa.

Por ello, con la idea de reforzar la protección de niñas y mujeres, y sancionar con mayor severidad a quienes desacaten órdenes de protección o de emergencia, la diputada Monserrat Pérez Cisneros propuso establecer penas más duras,

que serán de dos a ocho años de prisión, para quien incumpla estas medidas de restricción a favor de las víctimas de violencia.

“El objetivo de esta iniciativa, primero, establecer penas más duras para el desacato de las órdenes de protección subirla de dos a ocho años de prisión, ante el incumplimiento de estas órdenes. Segundo, reconocer como actos reiterados cuando un agresor viole en más de una ocasión la orden de protección, para que pueda ser sancionada con mayor severidad, y tercero,

contemplar como un agravante del feminicidio cuando exista este incumplimiento y eso sería un agravante hasta por un tercio de la pena”, explicó.

• La propuesta busca reformar el marco jurídico vigente para que el desacato a estas órdenes no sea visto como una falta menor, sino como una conducta grave con consecuencias penales más severas. 

A la presentación de la iniciativa acudieron integrantes de la agrupación “Las Paritaristas”, entre ellas Daniela Hernández, Adela Ruiz y Priscilla Cavagna, quien señaló que este tema debe atenderse “en forma urgente y necesaria”. 

“No existe un efectivo cumplimiento a estas medidas. Actualmente hay diez medidas de protección reconocidas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales

Y sin embargo, todos los días vemos que mujeres que contaban con medidas de protección son víctimas de feminicidio, es la constante en nuestra sociedad.

Por eso, endurecer la pena que actualmente es de uno a cinco años de prisión, para que sea de dos a ocho años de prisión, es una medida muy valiosa que puede ayudar a salvar la vida de las mujeres”, precisó.

Las activistas y la legisladora resaltaron la necesidad de capacitar a la autoridad ministerial para que, al otorgar una medida de restricción, el proceso se realice de forma correcta. Además, proponen, que se realice una campaña de sensibilización y capacitación para no sólo otorgar estas medidas sino que se continúe el proceso de la queja.