Guadalajara, Jalisco.

Parte II: Muchas denuncias, pocos resultados…

La efectividad de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) se ve reflejada con denuncias que llegan a sentencias apenas en un 0.3 % y a una vinculación a proceso, la cual implica la detención de agresores, de 4.7 %.

Es decir, la efectividad del aparato de justicia es prácticamente inexistente en una Entidad en la que alrededor de 34 mujeres acuden a denunciar a un agresor por día.

Pero a diferencia del gobernador, Enrique Alfaro, quien reconoció que el Estado está imposibilitado de prevenir los feminicidios, la coordinadora del Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Sandra Quiñones, advirtió que es la ineficacia de estos centros la que lleva a las mujeres a un estado de vulnerabilidad para ser agredidas o asesinadas.

Y añade que las causas son multifactoriales, pues al crearlos se trasladó personal de la propia Fiscalía Estatal sin perspectiva de derechos humanos ni de género que revictimiza a las denunciantes, y a esto se suma la escasez de juzgados especializados.

“Todo el sistema judicial tiene en desprotección a las mujeres, completa, sí. Iniciando por el Centro de Justicia, poco personal, mal capacitado, que trae el chip anterior, desconocimiento de los mecanismos, de las medidas protección, jueces que todavía están medio reticentes, ahí van. Y también en el Poder Judicial que por ahí mete a un juez al Centro de Justicia, nos cuesta trabajarlo en esta protección de derechos, y luego nos lo quita”.

La activista y abogada feminista recalcó que en Puerto Vallarta sólo existen dos ministerios públicos en el Centro de Justicia, los mismos son el primer contacto, llevan las carpetas ante el juez y judicializan. En el caso de los juzgados, sólo existe uno y en él hay tres jueces, a quienes les es insuficiente la infraestructura para desahogar audiencias.

Ana Fátima López, abogada feminista y experta en violencia contra las mujeres:

“Tenemos un fiscal machista, un gobernador machista, un Estado misógino, un Congreso que no le importa, un Poder Judicial que no está consciente de cómo tiene que juzgar con perspectiva de género… no es posible que la procuración de justicia de nuestro Estado haya salido a hacer este tipo de declaraciones hasta insinuar que ella misma (Luz Raquel Padilla) había hechos las pintas. Y nos preguntan que qué está fallando. Desde ahí, si el fiscal hace esa declaración, ¿cómo va a venir todo lo demás? ¿Cómo va a estar el Centro de Justicia? Igual de machista”.

Esa cultura machista del Estado y la falta de asignación de recursos para las áreas específicas que atienden a mujeres violentadas, aunado a un nulo incremento del personal dedicado a ello, son otros factores que, agrega la abogada feminista, Ana Fátima López, provocan la impunidad en los delitos de género y a la vez un incremento de mujeres víctimas.

Los datos brindados por la Fiscalía Estatal detallan que de las seis mil 11 denuncias recibidas durante los primeros cinco meses del año en los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), sólo 23 llegaron a una sentencia, se judicializaron mil 102, es decir, un 18 % de ellas y se vincularon a proceso 429 carpetas de investigación.

En contraste, con las 34 denuncias diarias que reciben estos centros, sólo dos de ellas tendrían la posibilidad de llegar a una sentencia en un mes.

“Es increíble que vemos que, para la cantidad que todos los días acuden, cuántas agencias van a estar trabajando con tres turnos en burnout; es decir, el exceso de trabajo que les causa a estas personas y a eso auméntele que en los Centros de Justicia para las Mujeres tenemos cuatros juzgados para poder liberar toda la carga laboral que se está viviendo. Si en promedio, en lo que nos ha tocado a nosotros acompañar a víctimas, podemos tardar entre seis y hasta ocho horas para que podamos caminar en el proceso”.

La abogada advirtió que se debe considerar también la necesidad de brindarle atención psicológica al personal, las herramientas psicoemocionales y disminuirles la carga de trabajo con la asignación de más recursos para la contratación de más Ministerios Públicos.

Sandra Quiñones recordó que los tiempos de espera para ser atendida por un ministerio público en Puerto Vallarta puede ser hasta de 10 horas, y en múltiples ocasiones se tiene evidencias que la presentación de una denuncia pone en mayor vulnerabilidad a las mujeres, ya que, al notificarle al agresor, no hay los mecanismos para garantizar su protección y éstas pueden ser violentadas.

“Todo este conjunto está haciendo ahorita, ante el grave de violencia contra la mujer que tenemos en el Estado, que las mujeres sigan estando muy vulnerables aun presentando una carpeta, parecería que a las autoridades, llámese Secretaría de Igualdad Sustantiva, los titulares del Centro de Justicia, de la Fiscalía, que el hecho de contar con Centros de Justicia y contar con personal, ya con eso por sí mismo, al momento que una mujer presenta una denuncia, ya por sí mismo está dándole la protección”.

Algunos municipios de Jalisco han optado para fortalecer las órdenes de protección con herramientas como los pulsos de vida para las víctimas de violencia de género, pero ¿qué tan funcionales son, cuáles son los criterios para otorgarlos y qué pasa con la reforma para colocar brazaletes electrónicos a los agresores? No se pierda mañana la continuación de este trabajo especial: Violencia contra mujeres: un grito sin eco en Jalisco.