Guadalajara, Jalisco.

La reciente detención de los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara, quienes defendían el Parque Huentitan de los intereses inmobiliarios, pone en alerta a los activistas y defensores del Parque San Rafael en Guadalajara, que por seis años se han interpuesto a la construcción del colector pluvial por los daños ambientales emanados de la obra, un ejemplo de ello son los más de 600 árboles derribamos.

Recientemente los integrantes del colectivo, etiquetaron alrededor de 80 árboles del parque, para visibilizar que actualmente el amparo 1235/2022 prohíbe su tala, debido que para concretar la obra del colector pluvial, se requiere demoler algunos de esos árboles.

Fotografía: María Ramírez Blanco

Leticia López Salinas, integrante del colectivo compartió que durante el mes de noviembre del 2022, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró diversas zonas donde donde se realizan obras; sin embargo, como se ha registrado en los últimos cinco años, las autoridades estatales, en especifico el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua (Siapa) hizo caso omiso y continúo con los trabajos.

“Lamentablemente ellos siguen trabajando en el vaso regulador aunque tienen una clausura por parte parte de Profepa del 20 de noviembre, pero inmediatamente quitaron los sellos”.

Fotografía: María Ramírez Blanco

Al ingresar al lugar, el cual está bardeado con láminas y telas para evitar ver los trabajos, se pudo corroborar que en interior hay decenas de trabajadores, incluso uno de los arquitectos al ser cuestionado ¿de quién reciben la orden para continuar con la obra? Este respondió: del Siapa.

Gabriela Cervantes Fuentes, presidenta del colectivo cataloga como irregulares la obra del colector pluvial, aunque las autoridades estatales dicen que dicha obra se ha socializado.

“Es una violación a la ley por parte de la autoridad. Aquí no importa lo que opinemos los ciudadanos

Qué tanta verdad tengamos o los recursos que obtengamos ante los juzgados porque la ley que impera es la del gobernador, de sus pantalones y de las mafias inmobiliarias. Esto nos deja ver qué hay un interés en defender los intereses de los privados y no de quienes habitamos las colonias”.

Para los integrantes del colectivo un ejemplo vivo que confirma la irregularidad de las obras, es la presencia de la policía desde el pasado 28 de junio del 2022, y el uso de la fuerza pública para evitar que se acerquen a documentar o ver qué es lo que se hace.

Los policías mismo afirmaron dicha información, incluso uno de ellos aseguró que se tienen cuatro patrullas: tres del municipio de Guadalajara, y una del estado, y argumentó que son para mantener el orden público.

Fotografía: María Ramírez Blanco