Guadalajara, Jalisco.

Integrantes de la asociación civil Un Salto de Vida cuestionaron que la clausura impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a Los Laureles no generó sanciones ni acciones para remediar los sitios afectados por el basurero.

A pesar de que el 30 de octubre de 2019 fue el cierre y se anunció un nuevo modelo de gestión, no se implementó ninguna política al respecto, señalaron mediante un desplegado.

“Es evidente que el principal responsable es la empresa concesionaria CAABSA Eagle, quién se ha gobernado así misma y que no tiene ningún interés en respetar la vida en los ecosistemas que ha dañado permanentemente”.

Además, recordaron que cuando Enrique Alfaro era presidente municipal de Guadalajara facilitó por 15 años el control de la basura a la empresa a pesar de los incendios en Los Laureles y Matatlán, así como el ineficiente servicio de recolección.

“CAABSA es una empresa criminal que no ha recibido ningún alto por parte de ninguna instancia de gobierno. Al contrario, el Gobierno del Estado en los últimos 5 sexenios ha sido cómplice, al igual que los ayuntamientos metropolitanos, dando concesiones ventajosas, autorizaciones en materia de impacto ambiental sin sustento y actualizando los contratos por más tiempo que el que corresponde a sus administraciones”, se lee en el comunicado.

Por eso exigen que la Semadet haga un monitoreo de partículas PM2.5 y PM10 así como de mercurio.

-Que la Secretaría de Salud establezca brigadas con perspectiva de toxicología ambiental en corordinación con la UdeG.

-Que los ayuntamientos metropolitanos cobren por los millonarios costos que implica atender la contingencia y que retiren las concesiones.

-Que el Gobierno de Jalisco haga a un lado sus compromisos políticos y económicos con CAABSA Eagle e imponga sanciones ejemplares a través de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.

-Que el gobierno de Jalisco denuncie formalmente a CAABSA en vez de buscar chivos “expiatorios” de un supuesto incendio agrícola cercano y,

-Que el Gobierno Federal a través de la PROFEPA dé seguimiento a los motivos de clausura y obligue a la remediación de los sitios contaminados en los suelos, aguas superficiales y subterráneas.