Guadalajara, Jalisco.

En medio de una concentración enfrente del Congreso del Estado, servidores públicos acusaron al director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), Héctor Pizano Ramos, de haber violado una suspensión que les otorgó el Tribunal de Arbitraje y Escalafón para impedir el nombramiento de un representante de trabajadores como integrante del Consejo Directivo de este organismo.

El secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de los Municipios y Organismos Públicos Descentralizados de Jalisco (Fesijal), Juan José Hernández Rodríguez, aseguró que de forma irregular, el director del Ipejal le tomó protesta a José Miguel Leonardo Cisneros, secretario general de los Sindicatos Autónomos Federados (SAFE), tras haberlo incluido porque argumentó tener la mayoría de agremiados.

“Lo que por medios de comunicación se da un hecho notorio de que le toman protesta en el Consejo de Pensiones de manera ilícita, y lo hace Héctor Pizano, violando la suspensión del magistrado presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, lo cual representa cárcel de tres a nueve años, multa, destitución e inhabilitación. Esto viene en el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo”.

La decisión del Tribunal suspende el reconocimiento de los Sindicatos Autónomos Federados como la representación mayoritaria de los trabajadores. Juan José Hernández aseguró que ésta surte efectos al decretarse y no al notificarse, por eso, se trata de una violación por parte del director del Ipejal.

Según el secretario general de Fesijal, José Miguel Leonardo, representa los intereses del gobernador y no de los trabajadores.

Manifestó que él está dentro de este Consejo y no lo han notificado de algún desconocimiento como representante en este Consejo, pero es irregular porque aún no cumple el tiempo marcado por la ley.

“De manera ilícita porque la ley dice que se debe nombrar cada tres años, yo tengo en este cargo apenas dos años. Me falta un año y un mes y ya le toman protesta violentando el artículo 151 fracción III que este mismo gobierno reforma”.

La Fesijal ha criticado la inversión que aprobó el Ipejal en un terreno que le pertenece a los trabajadores para que el Gobierno del Estado erogue más de 400 millones de pesos en la construcción de Ciudad Judicial Laboral y pague al instituto una renta de 2.6 millones de pesos mensuales por 20 años.