Guadalajara, Jalisco.

Cada mes de agosto, los anteproyectos de Presupuesto de Egresos de las dependencias estatales para el próximo año se comienzan a discutir.

Precisamente, al estar en ese periodo para la asignación de recursos en 2023, la coincidencia de autoridades y sociedad civil es que una ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición que sirva, solo puede hacerlo sin escatimar en presupuesto, pues el reto en Jalisco es grande al ocupar el primer lugar a nivel nacional en este delito.

“Pero qué interesante sería, y eso lo insistimos mucho con el Congreso del estado, es detectemos qué es lo que se tiene que cambiar, porque después nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que se tiene que modificar. Yo por lo menos en términos de armonización legislativa".

"La Ley Orgánica de la Procuraduría Social se tiene que reformar. Quitamos mucho a la Procuraduría Social porque realmente no ha estado presente en el acompañamiento, ha sido más la Comisión de Víctimas la que hemos visto que como asesores jurídicos ha acompañado algunos casos”, señaló Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO.

Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), advirtió que la prioridad del Estado es tan baja que ni siquiera destinaron los recursos que se habían solicitado desde 2021. La preocupación es que lo mismo ocurra en 2023.

El presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón, coincide en que el presupuesto debe pensarse de manera coordinada entre todas las dependencias involucradas:

 “Yo creo que necesitamos pensar más de forma integral, el tema de cuántos peritos requerimos para agilizar el tema de periciales, de identificación del cadáver y sobre todo el protocolo. Hay un déficit de personal, tanto en Ciencias Forenses como en Fiscalía de Desaparecidos. Yo creo que se debe pensar más de manera integral y contratar más personal para las áreas prioritarias para poder agilizar los procedimientos”.

Ante eso, Anna Chimiak añadió la urgencia de una difusión social sobre la existencia de este procedimiento, una capacitación real sobre la nueva legislación, pues se confunde con la Declaración de Ausencia Simple, que sí contempla cobros por los edictos y llega a una presunción de muerte tres años después de la sentencia. En esta, siempre prevalece la presunción de vida.

 “Es una muestra muy fuerte de que no se conocen los contenidos de la ley y uno de sus principios más importantes, que es la gratuidad / Lo que se requiere es la capacitación integral y la sensibilización del personal que está involucrado en dar seguimiento a ese procedimiento / Es un proceso que se basa en la presunción de vida, lo que es importante señalar: no implica la suspensión o cese de la búsqueda o de la investigación, o incluso el derecho a la reparación integral del daño”, señaló Chimiak.

La ley tiene principios básicos como

• Gratuidad
• Celeridad
• Inmediatez
• Protección máxima

Incluso se eliminó la obligatoriedad de presentar una denuncia penal ante el subregistro que hay en Jalisco, debido al miedo de las familias a acudir con alguna autoridad.

Para la activista, el esfuerzo ciudadano de crear una ley progresista en Jalisco ha quedado estancada y no se respeta el tiempo que invirtieron, porque no ha sido prioridad para las autoridades.

“Ha sido una ley, pues… olvidada por parte de las autoridades, lo que demuestra tanto… la ausencia de la dimensión de necesidades sobre ese procedimiento por parte de las personas desaparecidas, quienes están viviendo estas implicaciones, pero ni siquiera saben que hay mecanismos que pudieran ayudar a garantizar la continuidad de esos derechos, y otorgarles esa protección que requieren”, comentó Chimiak.

 Consulta el especial completo: Familias sin vida