Guadalajara, Jalisco. 

La representante del Colectivo Parque San Rafael, Gabriela Cervantes, señaló que viviendas aledañas a lo que era el Club Chivas empiezan a tener hundimientos porque se ha estado drenando parte de la cuenca para construir los estacionamientos de las torres de departamentos.

Hay tres amparos, pero los están ralentizando y eso evita que se puedan presentar pruebas en estos días, además el primer contrato para la construcción del vaso regulador se venció el 15 de enero y no se cumplió.

Los vecinos se quejan de que hay influyentismo para favorecer el desarrollo inmobiliario en vez de proteger la zona clave para los mantos freáticos.

“Por ejemplo, las viviendas que se encuentran pegadas a lo que era el Club Chivas San Rafael empiezan a presentar hundimientos porque se ha estado drenando parte de la cuenca del agua subterránea de esta zona para crear los estacionamientos subterráneos para las torres del Gran San Rafael”.

Los vecinos del parque ya recurrieron al Presidente de México, a la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua, en esta última instancia ni siquiera les han agendado reuniones a pesar de saber que la obra no tiene estudios de impacto ambiental.

Actualmente hay tres amparos en curso: el 1235/2022 tiene que ver con la masa arbórea dentro del parque para que no hagan excavaciones y de esta manera se protege también el manto acuífero.

El amparo 329/2022 va dirigido a toda la obra del colector pluvial; además, el 1515/2022 es para detener la obra de todo el colector.

“Tanto en el séptimo, como en el segundo distrito, en materia administrativa y del trabajo, están dilatando los juicios, están haciendo una acumulación de expedientes y esto lo que hace es que se suspenda el procedimiento mientras los magistrados en el tribunal resuelven si se van a acumular y a nuestros abogados nos quitan la posibilidad de estar presentando las pruebas, los peritajes que se tenían que presentar en estos días y sobre todo hacer las visitas, las diligencias que se necesitan de los juzgados”.

La coordinadora de la Maestría en Ciencias Sociales, Alicia Torres Rodríguez, cuestionó la forma de actuar por parte del gobierno estatal porque no es el único caso en el que se han violentado los derechos de los vecinos.

"Es la evidencia más obvia que se ha dado de parte del gobierno de cómo utilizar toda la estructura institucional que ha venido violentando este espacio y a estos habitantes [...]

Las formas de actuar de nuestras instituciones, más bien pareciera que instituciones que están regidas por nuestra constitución, nos asemejamos más a los cárteles del crimen organizado".

A los vecinos ni siquiera les permiten acceder a la zona, incluso en días recientes hubo policías encapuchados a la entrada para monitorear el trabajo del colectivo; también notaron que había camionetas extrañas oscuras con vidrios polarizados. Por las amenazas, ingresaron al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.