Guadalajara, Jalisco.

Frente a la propuesta impulsada desde Movimiento Ciudadano para que los siete trabajadores supernumerarios que demandaron al Congreso para obtener su base se desistan de la misma, a cambio de no despedirlos, la fracción de Morena se dijo en contra, mientras que Hagamos expresó que lo analizará “con mucho cuidado”.

Dicha propuesta también incluye que otros 22 con el derecho a demandar se comprometan a no hacerlo para seguir en sus puestos, y otros 34 próximos a adquirir la posibilidad de ir a tribunales serían suspendidos por seis meses y un día.

En total, se trata de una lista de 63 supernumerarios asignados a diputados de todas las fracciones, y es la alternativa de Movimiento Ciudadano para no engordar la nómina de base.

El coordinador de Morena, José María Martínez, aseguró que no hay un planteamiento formal en la Junta de Coordinación Política, pero está en contra porque se vulneran derechos laborales.

“La verdad es que no somos nosotros quienes eventualmente vamos a sobreponernos a los derechos laborales de nadie y menos a los derechos personalísimos que tiene un trabajador cuya expectativa es tener una estabilidad laboral. Lo que se me ocurre como consecuencias es que van a hacer valer su derecho a través de los tribunales correspondientes”.

La coordinadora de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, aceptó que fue un tema que se puso sobre la mesa en una reunión privada de la Junta de Coordinación Política, pero no se alcanzó a estudiar y prefirió no dar una opinión detallada al respecto.

“Hay que reflexionarlo serenamente, no hay que tomar una decisión apresurada porque hay que hacer una combinación virtuosa de respeto a la ley, de respeto a los derechos de los trabajadores, pero también una decisión política de no cometer aviesos para engordar la nómina. Yo creo que tiene que discutirse con mucha serenidad y responsabilidad”.

La nómina del Congreso está conformada por más de mil trabajadores: 607 de base y 401 supernumerarios, y desde la aprobación de su presupuesto el 28 de febrero pasado se mantiene la polémica en el Legislativo por la plantilla laboral, que se lleva 92 por ciento del presupuesto.