Guadalajara, Jalisco.
La defensa de Ismael N, presunto agresor de Luz Raquel Padilla solicitó la suspensión condicional del proceso, lo cual abre la puerta a que tras un acuerdo reparatorio con las víctimas, el imputado pueda quedar en libertad.
A un mes del feminicidio de la joven de 35 años, el presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón manifestó que la Fiscalía Estatal sólo pudo comprobar los delitos de lesiones y contra la dignidad, tras la denuncia que interpuso Luz Raquel en mayo pasado, cuando presuntamente la atacó con cloro industrial, pero no el de amenazas.
“Se decreta la no vinculación por amenazas, dado que en ese tipo de delitos es necesario el dictamen pericial psicológico y al parecer la víctima nunca compareció al Instituto de Ciencias Forenses a recabarse ese dictámen, por lo tanto, solamente se vinculó por dos delitos, el de lesiones y contra la dignidad, y en ese mismo momento el abogado solicitó que se resolvería sobre la suspensión condicional del proceso. Un figura que permite concluir a través de un mecanismo alternativo el proceso. Se señaló, de acuerdo a la agenda de la juez, el 25 de agosto”.
El 26 de julio pasado, el vecino de la joven quemada en un parque a unos metros de su casa en la colonia Arcos de Zapopan, fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva por un mes.
Espinosa Licón detalló que en la próxima audiencia, se deberá citar a las partes y escuchar a la familia de la víctima para saber si están de acuerdo con esta suspensión, y de no ser así, expresar las causas de su rechazó a fin de que el juez decida. Sobre el presunto feminicidio contra Luz Raquel, el Poder Judicial no cuenta con nada.
“Podría terminar con un mecanismo alternativo porque solamente son estos dos delitos, el hecho de donde la víctima muere, ese hecho no está judicializado, ese desconocemos cómo va la integración y si en algún momento va a ser judicializada o va a ser archivada, está en el terreno de la Fiscalía”.
La suspensión condicional implica imponer condiciones al presunto agresor para que no salga del país, no se acerque a lugares o personas y esté localizable por un periodo que puede variar de seis meses a tres años. Después de ese tiempo, si cumple con el acuerdo reparatorio, concluiría el proceso penal en su contra.