Presentan propuesta para facilitar juicios políticos contra funcionarios
Fotografía: Cortesía




Guadalajara, Jalisco.

Debido a que la mayoría de los juicios políticos presentados contra servidores públicos no avanzan por múltiples trabas, la coordinadora de Morena en el Congreso de Jalisco, María Esther López Chávez, anticipó que presentará una iniciativa de reforma para que su partido la impulse en la próxima Legislatura, a fin de facilitar y hacer más efectivos los procesos de esta vía a la que recurren ciudadanos en busca de la destitución o inhabilitación del cargo de un funcionario.

Entre los cambios que se buscan hacer a la Constitución local y a la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado, se encuentra aumentar el catálogo de servidores públicos contra los que se puede interponer un juicio político.

“Por ejemplo de las causales. Algunos otros funcionarios que no están contemplados. Han de acordarse que acabamos de desechar el juicio político en contra del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción: entra en el catálogo. Los órganos internos de control que todos deben de llevar un proceso de investigación, la responsabilidad que tienen los diputados en su voto y sus consideraciones, que sea de alguna manera particular la responsabilidad de cada diputado, no de grupo”.

La misma también incluye que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado intervenga en estos procesos, pues se le da la facultad de analizar, profundizar el dictamen y dar una interpretación final en la sesión donde el Congreso del Estado se erige como jurado, y los diputados podrán tomarla como sugerencia.

“Sugerimos que en lugar de tres días para ratificar sean cinco días hábiles; es decir, que, si yo la presento un viernes, tengo toda la semana para volver a ratificar, y que no sea una causa de que se desechen los juicios”.

Finalmente, se contempla proponer una ampliación de pruebas, como la testimonial y el proceso de alegatos, para que sea más rápido. Además, en cuanto se determine iniciar la investigación contra un funcionario, se le separaría del cargo para evitar que intervenga en el proceso manipulando pruebas.


Fatima Aguilar