Guadalajara, Jalisco.

Aunque desde la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) se determinó que no se comprobaron parte de los recursos públicos ejercidos por ex alcaldes emecistas y panistas de Zapotlán El Grande durante 2016 y 2017, de Amatitán en 2017 y Etzatlán, también de este último año, los diputados locales aprobaron quitarles el cargo impuesto por el ente fiscalizador y no les fincaron el crédito fiscal para que reintegraran ese dinero, como lo indicaba el informe final de la auditoría.

Con siete votos en contra de Morena, una abstención de Futuro y 28 a favor de las demás fracciones, los legisladores locales le quitaron cargos al ex alcalde de Zapotlán, Alberto Esquer, quien ahora es secretario de Asistencia Social en el Gobierno de Jalisco, que en 2017 sumaron un millón 020 mil pesos por incumplimientos en los convenios de cesión de áreas para fraccionamientos.

La de 2016 suma 133 mil 182 pesos y está relacionada con afectaciones a gastos y pagos de retenciones, también al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como no cumplir con pagos de laudos laborales.

Amatitán, en 2017, era gobernado por David Calderón, quien llegó al municipio por la alianza PAN-PRD. En este caso, se le quitaron cargos por nueve mil 906 pesos relacionados con la adquisición de bienes inmuebles.

Finalmente, en Etzatlán, durante ese año gobernaba el actual diputado emecista Eduardo Ron Ramos, a quien le eliminaron cargos por 19 mil 910 pesos al no comprobarse pagos de pólizas de seguros a policías municipales.

Los legisladores ordenaron a la Auditoría sólo cobrarles a los funcionarios el finiquito correspondiente, una cantidad menor al dinero que el ente fiscalizador determinó que no estaba comprobado.

El presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado, Higinio Del Toro, justificó que decidieron quitarles dichos cargos porque los funcionarios presentaron documentación ante la Comisión sobre el reintegro de los recursos públicos observados y ya no hay daño al erario.

“Aunque la Auditoría ya las manda con cargos por estos criterios que tiene de dar cierto tiempo para poder hacer eso, estas estaban en el mismo supuesto: todos exhiben recibos de tesorería oficiales y comprobantes fiscales de que se hizo el reintegro a la Tesorería. Corresponden al monto observado por la Auditoría. Viene ahí el reintegro y en el cuerpo del dictamen van a poder ver un recibo oficial de las tesorerías de esos municipios, donde ya se exhibe”.

Pese a que la legislación ya no permite a los diputados modificar los informes finales enviados por la Auditoría, a partir de una reforma de 2018, el legislador expresó que “hay jurisprudencias” donde sí se les permite, siempre y cuando se compruebe que se recuperó el recurso público, se resarza el daño al erario y sean cuentas anteriores a estos cambios en la ley.

“Yo lo único que digo que debe prevalecer, mientras no haya un daño al erario público y haya los comprobantes fiscales como lo señala la ley, sí lo señala la ley, es una facultad, ahorita Chema (José María Martínez, Morena) me decía, ya no hubo tiempo de dialogar, por eso se reservaron el último, porque él decía algo muy parecido y le mostré a manera de jurisprudencia cuentas públicas de El Salto, de otros lados, que cuando entregaban el reintegro y entregaban el comprobante fiscal, pues se aprobaban. No aquí, se le pide a la Auditoría que emita un finiquito”.

En los dictámenes aprobados, sólo se menciona la documentación que entregaron los ex alcaldes, pero no vienen integradas copias de los documentos comprobatorios de este reintegro.