Fotografía: Twitter "@LegislativoJal".
Guadalajara, Jalisco.

Con un argumento legal que no los rige: el Código Nacional de Procedimientos Penales, los diputados locales cedieron a una petición de la Fiscalía Estatal de determinar como reservada y sin acceso a medios de comunicación la sesión de Pleno donde se discute si procedía el desafuero del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, José de Jesús Covarrubias Dueñas, denunciado por el abuso sexual de una adolescente.

Tras una reunión entre la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva del Congreso y la Coordinación Jurídica, los diputados dieron a conocer que la sesión no tendría acceso a reporteros, con la justificación de que llegó una petición de la dependencia estatal a fin de mantener el sigilo de la carpeta de investigación y cuidar las pruebas con las que se cuentan para la investigación penal, pues en el juicio de procedencia serían dados a conocer.

Los diputados decidieron dejar de lado su legislación, donde no se prohíbe ninguna restricción para el acceso a espectadores, y argumentar basados en el Código Nacional. Habla el coordinador jurídico, Víctor Sánchez.

“La Coordinación Jurídica y la Secretaría General estamos recomendando que se establezca o se lleve a cabo esta sesión de manera reservada en virtud de que se pueden violar derechos humanos, además de que se puede afectar la integridad de las partes, se puede revictimizar y afectar el debido proceso y pudiera haber responsabilidad para las diputadas y los diputados”.

Cuestionados sobre la autonomía del Congreso del Estado frente a una solicitud de otro poder, los legisladores se excusaron con que no se sometieron a una decisión de esa dependencia y se pretende cuidar la integridad de la menor.

Las y los diputados convocaron de inmediato a una sesión de Pleno, en donde se aprobó la reserva de la siguiente para el desafuero y se dio cuenta de una petición que hizo el magistrado para que 24 diputados se abstuvieran de votar en ella.

Al concluir, el Recinto Legislativo fue desalojado y elementos de la Policía Estatal se encargaron de revisar que no hubiera celulares o algún aparato electrónico ahí.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, José María Martínez, aceptó que el juicio de procedencia no tiene relación con el proceso penal de la Fiscalía Estatal.

“Es un procedimiento de carácter parlamentario. No obstante, dentro de este proceso parlamentario se lee una carpeta con la que finalmente basa el fiscal la solicitud para que nosotros procedamos. Esta carpeta contiene los elementos del proceso penal, aunque el nuestro no lo sea, y por tanto los elementos a los que refiere la presidenta, en particular de la víctima, es para nosotros una condición fundamental en poderlo proteger”.

En el oficio, enviado el lunes, la Fiscalía Estatal cita los artículos 55 y 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales para pedirle a los diputados que la sesión sea privada con los mismos argumentos que dieron a conocer los legisladores: proteger datos de la carpeta de investigación.

En la reunión previa a esta decisión, la coordinadora de Hagamos, Mara Robles, y el coordinador de Morena, José María Martínez, fueron los únicos que apoyaban la realización de una sesión abierta. Los diputados prometieron hacer público el voto de cada diputado durante esta sesión.

Fatima Aguilar

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