Guadalajara, Jalisco.

Desde el inicio de esta administración estatal, la asociación Víctimas de Violencia Vial documenta un incremento de quejas por extorsión desde las y los agentes de la Policía Vial, pero una de las que recibieron con mayor soporte documental ocurrió el 15 de marzo pasado entre las calles Olímpica y 5 de Febrero, cuando la unidad ERI-38 detuvo a una persona por no traer placas, y pese a mostrar el permiso de la agencia, la funcionaria le pidió “mordida”.

La extorsión, en la que se le pidieron al ciudadano cinco mil pesos, se dio con la justificación de que el auto tenía reporte de robo, pero cuando trató de hablar a la agencia para que lo apoyaran, la agente vial comenzó a agredirlo, una grúa se presentó de inmediato para llevarse el automóvil sin dejarle sacar sus pertenencias, y con la justificación que el conductor fue prepotente e influyente.

La presidenta de esta asociación, Alma Chávez Guth, aseguró que, a raíz de la integración de la Policía Vial a la Secretaría de Seguridad, así como la puesta al frente de un perfil que venía de la Policía de Guadalajara, ha provocado estos hechos de corrupción y un retroceso con la corporación integrada durante la administración estatal pasada, cuando pertenecía a la Secretaría de Movilidad.

“Al irse esa Policía al área de seguridad pública, ahí se rompió esa cercanía y ese acompañamiento que tenía de los visores ciudadanos, de la movilidad que éramos las asociaciones de víctimas y todos los organismos que trabajamos seguridad vial desde la sociedad civil, y entonces poco a poco comenzaron a llegarnos quejas a la asociación de posibles actos de corrupción”.

De acuerdo con este reporte recibido por la asociación, al ciudadano se le impusieron tres multas que suman 37 mil pesos, después de días recogió su auto en el corralón con daños e intentos de robos de autopartes, y hasta ahora no existe algún responsable que repare estas afectaciones.

La activista aseguró que el asunto ya se investiga por oficio ante la Fiscalía Anticorrupción y también la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) inició una queja.

“Ya se acercaron de la Fiscalía Anticorrupción, que ahora sí van a hacer su trabajo, esperemos que así sea y también se acercaron de Derechos Humanos, me dijeron que ya abrieron una queja de oficio, esperando que el ciudadano después de este viacrucis que ha vivido vaya, y sí va a ir el ciudadano”.

Chávez Guth dijo que espera esto derive en la presentación de denuncias por parte de otros ciudadanos que han vivido situaciones similares a fin de generar una denuncia colectiva.

Urgió a que se investigue una posible “mafia” de grúas con las mismas agentes viales y colusión de altos mandos en la corporación, y que esta pesquisa derive en una limpia, pero sobre todo que se determine el regreso de la Policía Vial a la ahora Secretaría del Transporte, a fin de recuperar el objetivo de prevención y no de choque.

“Y ahora nos llegan reportes de que también están pidiendo mordida para evitar ir al torito, entonces ahí ¿qué estamos haciendo? Estamos dejando delincuentes viales sueltos, otra vez, que pueden matar o lesionar a otro, y sí queremos que sea como antes la Policía Preventiva que regrese a lo que es hoy la Secretaría del Transporte, y que esté al frente una mujer o un hombre que tenga mayor capacidad”.