Guadalajara, Jalisco.

Ante el camino que han encontrado los desarrolladores inmobiliarios para obtener permisos irregulares de construcción con la afirmativa ficta, diputados locales coincidieron en que es factible analizar una reforma a la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado, pero ven más importante combatir la corrupción en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), los ayuntamientos y cuidar los nombramientos de estos magistrados.

La coordinadora de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, expresó que más allá de la necesidad de una reforma legal, la autoridad no cumple con su función para que los desarrolladores puedan violar la ley, ni el Congreso del Estado ha sido un contrapeso para nombrar a perfiles capacitados y no por cuotas.

“Aunque me parece que se puede estudiar, que lo deberíamos de analizar, efectivamente eso podría acotar los márgenes de discrecionalidad. Lo que más importa decir es que este Congreso del Estado, al renunciar a su obligación de ser el vigilante de la actuación de los otros poderes, comete un error muy grave. Cuando realmente tenemos un poder constitucional que no funciona, que no vigila, que no controla su papel, pues entonces le estamos dando pie a la impunidad”.

Agregó que, si la complicidad entre las autoridades, lo que ella denomina el “cartel inmobiliario” y el Poder Judicial sigue vigente, no servirán de nada las modificaciones que se hagan a cualquier ley, y continuarán los problemas en transporte público, tráfico, carencia de agua, así como menos espacios verdes. Optó porque la solución para esto sea la correlación de fuerzas y respetar la autonomía de poderes para que el Legislativo pueda ejercer su función de vigilar.

Por su parte, el coordinador de Morena, José María Martínez, consideró que no se requiere alguna regulación respecto a la figura de afirmativa ficta, sino que es corrupción y ahí se debe centrar la atención.

“Lo que hacen los desarrolladores es corromper al Ayuntamiento, este no se pronuncia y en función de eso pueden recurrir al Tribunal de lo Administrativo para que ya decida en definitiva. Esto no hay necesidad de ni siquiera regularla, es nada más combatir la corrupción de quienes se prestan a este esquema de desarrolladores”.

Para el morenista, también se deben analizar otros esquemas que favorecen la corrupción en los ayuntamientos. Recordó que el Código de Desarrollo Urbano establece que, para aumentar construcciones en una zona, el desarrollador debe garantizar un ajuste en la capacidad de infraestructura urbana, y el Ayuntamiento de Guadalajara cuenta desde 2015 con un modelo de mitigación y compensación que le permite violar la legislación a cambio de acogerse a este programa que estipula pagar por el incumplimiento y no pasa más.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Quirino Velázquez, aceptó que no está en la agenda de la fracción, pero no descartó que esté en disposición de analizar.

“Sería cuestión de revisarlo, no lo tenemos todavía en la agenda, digamos, general, pero es un tema que valdría la pena revisar por una situación que sucede recurrentemente y que podríamos generar pues una alternativa”.