Guadalajara, Jalisco.

Frente a la reforma enviada por el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez a la Ley de Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios, y con lo cual se busca generar un esquema de participación para la iniciativa privada en la Línea 4 del Tren Ligero, la fracción de Hagamos en el Congreso del Estado exigió transparencia, rendición de cuentas y evaluación externa a cambio de su voto a favor.

La coordinadora de esta bancada, Mara Robles Villaseñor expuso durante la presentación de esta reformar por parte de la fracción mayoritaria de Movimiento Ciudadano, una serie de modificaciones que contemplan incluir en el Comité de Evaluación y Seguimiento, no sólo a organismos empresariales, también a organizaciones civiles como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, así como Transparencia Internacional.

“En Hagamos, la postura frente a la reforma a la Ley de Asociaciones Público-Privadas es que no queremos que sea un catálogo de discrecionalidades y estamos presentando propuesta concretas para que tenga un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas efectivo, y en función de ello, decidiremos nuestro voto. También quiero decir que claramente flota en el ambiente la idea de que esta modificación a la ley es un traje a la medida para la línea 4 y además para la contratación de nueva deuda, nosotros no aprobaremos un solo centavo de deuda más”.

A su petición sumó que los expertos a participar en este comité de evaluación no sean solo los invitados de manera discrecional por el gobernador, sino que también se incluya de manera institucional a dos académicos de universidades públicas y otros dos de privadas. Finalmente, dijo que el Congreso del Estado deberá mantener sus atribuciones para que cualquier modificación al proyecto pase por la aprobación de este Poder.

Aseguró que estas modificaciones buscan cuidar actos de corrupción como contratos dirigidos o acudir a empresas con las que podría haber conflicto de intereses.

“En la medida en que tú tengas un Comité de Adjudicación parcial aumenta la discrecionalidad y la posibilidad de corrupción, en la medida en que tú tengas un Comité de Adjudicación, de Administración y un Consejo de Seguimiento imparcial, plural, transparente y mediático, pues menos posibilidades hay de que haya trampas, de que haya fraudes, de que haya cochupos. Todos sabemos que tarde o temprano habrá licitaciones, pero también ya sabemos que lamentablemente en este país, las licitaciones no son garantía de probidad”.

El 28 de abril pasado, el gobernador hizo llegar al Legislativo esta reforma que pretende concretar proyectos de coinversión entre el sector privado y el gobierno estatal o municipios en materia de infraestructura hidráulica, carretera y obras públicas. Los contratos podrán tener vigencia de cinco a 40 años. La iniciativa fue enviada como preferente, y ante eso, los diputados tienen 60 días para su discusión.

Diversas fracciones han cuestionado que este cambio abra la puerta a la contratación de más deuda pública.