Guadalajara, Jalisco.
Este miércoles, los diputados locales comenzarán con las entrevistas a aspirantes a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) sin haber tomado en cuenta la participación ciudadana en todo el proceso de elección, pese a que comenzó desde el 16 de junio pasado, reclamó el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).
Su co-directora, Anna Karolina Chimiak advirtió que la convocatoria debe ser subsanada antes de continuar con el mismo, pues los requisitos establecidos para los perfiles son limitados y sin claridad, pero además se ha llevado con discrecionalidad y sin tomar en cuenta a víctimas, colectivos y organizaciones.
“Estamos en el proceso de entrega de las cartas dirigidas a las y los diputados donde hacemos un llamado al Congreso del Estado para que subsane el proceso de elección de la persona a cargo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, que le dote máxima transparencia y publicidad, que le genere mecanismos efectivos que le garanticen pluralidad y participación efectiva, así como rendición de cuentas y que pudiera ser escuchadas las voces de la ciudadanía y principalmente de víctimas, representantes de colectivos y organizaciones”.
Señaló que no se les pidió su intervención para las entrevistas y hacer preguntas en esta etapa, tampoco en los mecanismos de evaluación y los ensayos presentados por los aspirantes no serán públicos.
Entre los aspectos que más le preocupa a esta organización defensora de derechos humanos, Chimiak destacó que la convocatoria carece de criterios objetivos y amplios para evaluar a las y los aspirantes.
“De poder verificar plenamente y evaluar las características del perfil de las personas postulantes, considerando las características, tales como la calidad moral, la cercanía, empatía o sensibilidad con víctimas, el conocimiento del contexto, pero sobretodo de las violaciones graves a derechos humanos, la capacidad de liderazgo, o por ejemplo las garantías de independencia de la persona postulante, tomando en cuenta que estará a cargo de supervisar la actuación de la administración público”.
La convocatoria actual abona a que la decisión que tomen los diputados locales se basa en intereses políticos, partidistas, negociaciones y acuerdos, sentenció la activista.
Para Anna Karolina, el proceso que ha llevado el Congreso del Estado es acelerado, con tiempos cortos para las etapas del mismo.
“Lo que preocupa porque parece que este proceso se convierte en un pendiente por cumplir más por parte de las y los diputados sin darse cuenta de que la decisión que están tomando tiene relevancia y trascendencia y sobretodo un impacto ante la gravedad de la crisis de derechos humanos en el Estado”.