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Tomatlán, Jalisco

Desde el año 2004, el Gobierno del Estado ha pretendido construir complejos ecoturísticos en la playa de Chalacatepec, localizada a 380 kilómetros de Guadalajara.  Sin embargo, la manera en que se ha hecho de terrenos es fraccionar el ejido de José María Morelos, para que sus propietarios se peleen entre ellos para ver quién vende y quién no.

El descontento de los disidentes al proyecto se debe a la falta de legalidad y palabra en las ofertas que hace el gobierno. En 2004, para construir un aeropuerto, los terrenos se compraron de cuatro a siete pesos el metro cuadrado.

12 años después, las deudas continúan, más no el despojo que ya sufrieron los pobladores. Como en el caso de Hilario Rojas, a quien le compraron sus terrenos en 70 mil pesos cada hectárea para construir la aeropista.

En Chalacatepec, en el municipio de Tomatlán, la consigna es vendes o vendes. Hay casos donde se tuvieron que vender predios que eran vecinos a los terrenos que el gobierno del Estado cedió a la empresa Rosaland, en el año 2010.

De acuerdo con el Estudio de Impacto ambiental, publicado cinco años después, se estima la construcción de cuatro mil 650 cuartos de hotel en los próximos 5 años.

Apenas este domingo, un grupo de policías de la fuerza única regional impidieron que los pobladores disidentes eligieran al nuevo comisariado ejidal. Lo que vulnera su autonomía e interviene en el proceso de despojo.

Pero más allá de eso, la policía contribuye a la tensión y división que se vive en el poblado.

Tomatlán es un municipio de 35 mil habitantes, donde se concentra gran parte del litoral de Jalisco. Colinda con Villa Purificación y Cabo Corrientes. Sin embargo, la mayoría de sus terrenos son ejidales. Lo que contribuye a que existan personas que se dicen dueñas de estos predios, cuando en realidad sólo buscan beneficiarse de los negocios inmobiliarios.

Hoy la comunidad está tan fragmentada que las relaciones comerciales, familiares y afectivas penden de un hilo.

Al final, los disidentes afirman que no se oponen al desarrollo del Estado. Pero sí quieren precios justos, que en 2009 oscilaban los 15 dólares por metro cuadrado, y no los 7 pesos que se pagaron.  

En el fondo, lo que los pobladores quieren es hacerse de un patrimonio con lo que puedan competir cuando lleguen los desarrollos inmobiliarios. No quieren ser los guardias de seguridad, los jardineros de los hoteles ni tampoco los expulsados de su territorio.