Guadalajara, Jalisco.

El Congreso del Estado busca seguir un procedimiento para la posible ratificación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Luis González Montiel y Adrián Joaquín Miranda, en medio de la ilegalidad, acusaron diputados de Hagamos.

La causa es el embate emprendido desde el gobernador, Enrique Alfaro, contra la Universidad de Guadalajara (UdeG), pues Adrián Joaquín fue funcionario de esa institución y sólo por ello se busca no ratificarlo en el cargo, aseguró el presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, Enrique Velázquez.

Explicó que el presidente de la Junta de Coordinación Política, el emecista Jesús Cabrera, fue quien pidió los informes de desempeño de estos dos magistrados al presidente del Tribunal, Laurentino López, cuando no representa al Congreso del Estado y debió hacerlo el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Sánchez Carrillo.

“Lo que queda claro es que el gobernador a los dos los ‘chicoteó’ (al diputado Jesús Cabrera y al presidente del TJA, Laurentino López), los instruyó para que sucediera eso hoy y van llegando ahorita, y van a cambiar el orden del día. Ahorita van a ver y van a votar, hoy mismo, que la Comisión (de Seguridad) sesione; van a querer votar la no ratificación, cuando nadie conoce esos informes”.

Según el legislador, otra irregularidad es que, desde la Dirección Jurídica del Congreso, se le había dicho que su periodo concluiría hasta 2025, pero los diputados de Movimiento Ciudadano afirman que ya se acabó su nombramiento y que no hay posibilidad de ratificarlo.

“¿Cuál es la causa? El manual del tirano del gobernador. Primero te quito dinero, después te mando una auditoría, luego corro a todo el mundo que yo creo que puedo correr y luego utilizó a las instituciones de seguridad para amedrentar. Es parte de la guerra”.

En la sesión de pleno, el diputado reclamó que se incluyeran estos informes cuando llegaron de última hora y no es legal. Este viernes sesionará la Comisión de Justicia, donde se prevé sean revisados estos informes y se emitirá un dictamen que determine la posibilidad, o no, de que estos funcionarios sigan en el cargo.