Guadalajara, Jalisco.

En 2019, la violencia feminicida en Jalisco quedó grabada en la memoria colectiva porque sucedió justo frente a la casa del gobernador. Con el asesinato de Vanesa Gaytán quedó una tarea muy difícil de cumplir: abatir el rezago histórico en la Fiscalía estatal.

Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que esta dependencia cumplió con los puntos de esa recomendación, solo que la carga laboral para casos similares a este es prácticamente la misma.

O sea: aunque no ocurrieron en la avenida donde vive el gobernador, hay muchas Vanesas Gaytán que sufren el desdén y la saturación del Estado que se comprometió a cuidarlas.

La excesiva violencia que registra nuestra Entidad lleva a la saturación de las agencias del Ministerio Público. Por ponerte un ejemplo, la agencia 5, que atiende delitos de violencia contra mujeres en razón de género, tenía una carga laboral de dos mil 287 carpetas de investigación cuando ocurrió el feminicidio afuera de Casa Jalisco.

Otro caso emblemático y sin resolver: el de Luz Raquel Padilla.

Para 2023, con la recomendación por el feminicidio de la joven madre de familia, Derechos Humanos nuevamente exhibió que la agente del Ministerio Público dio una orden de protección horas después de que Luz Raquel muriera, dejando en la orfandad a un niño con autismo.

Derechos Humanos alzó la voz y se careó con las agentes que llevaron el caso. ¿Qué les respondieron? Que era imposible darle prioridad a Luz Raquel cuando tenían 945 y 975 carpetas de investigación en su lista, respectivamente.

Además, de acuerdo con el libro de registro de usuarias de primera vez, para ser atendidas por agentes ministeriales para tomarles la declaración, las víctimas sólo deben esperar entre media hora y hasta seis horas.

La realidad de la alta burocracia está exhibida en la recomendación. Ahí se detalla que las oficinas están llenas de expedientes acumulados en todas las agencias y que hay cajas apiladas que estorban en los pasillos, así que la excesiva carga de trabajo es un factor que promueve que se generen múltiples irregularidades.

Según se lee en la recomendación 17/2023, “para esta Comisión es indudable que la actuación en términos descritos de las personas servidoras públicas involucradas y las omisiones y deficiencias estructurales advertidas, se traduce en una forma de violencia institucional y constituyen un obstáculo para garantizar, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres”.

• Cuando Derechos Humanos emite una recomendación, ese documento es un requisito para la inscripción ante la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, pero ese registro también toma su tiempo, reconoció el director de seguimiento de la Comisión, Fernando Zambrano Paredes.

“Normalmente se puede llevar, la ley establece que 90 días a partir de que se presenten los documentos la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas tiene que resolver sobre la procedencia, o no, de la compensación; sin embargo, en la práctica esos 90 días desafortunadamente en muchos casos se duplican o triplican, derivado de la carga de trabajo que se tiene o de otras circunstancias en que la víctima no tiene algún documento o se imposibilita a firmar el formato”.

En retrospectiva, tú, yo, todos, necesitamos una Comisión que nos defienda de los posibles abusos del Gobierno.

Pero si esa comisión se comporta como un maestro barco y sólo hay sanción si la dependencia exhibida quiere hacer algo, éstas se perpetuarán como el título de este trabajo especial lo asegura: comisiones para el olvido… Y con dinero de tus impuestos.