Guadalajara, Jalisco.

José Luis Arana Aguilar desapareció en 2011. Por eso, su mamá, Guadalupe Aguilar, fundó el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ). Tras años de investigación metió una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en 2016.

Apenas en diciembre, la nueva presidenta, Luz del Carmen Godínez González, emitió una recomendación dirigida al Fiscal del Estado de Jalisco y al Fiscal Especial en Personas Desaparecidas.

Aunque la activista agradece que las recomendaciones sean más breves, notó que no aparecen las líneas de investigación ni el detalle, las omisiones del personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en el caso.

La camioneta de su hijo fue encontrada en Nayarit. Esa era la mayor esperanza de Guadalupe para seguir la pista de José. Ella misma pagó la grúa para que los expertos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses le ayudaran a obtener respuestas.

“Pasaron dos meses y fue muy triste, fue un día muy triste para mí. Lloré mucho porque me entregaron un dictamen en donde decía que no era sangre todo lo que estaba en la camioneta, que era Coca Cola. Me entregan la camioneta, me la llevo a mi casa y me puse a lavarla yo, porque yo decía: si la voy a usar necesito lavarla muy bien y al estar lavando la cajuela con una máquina de esas que echan mucha agua a presión, parecía carnicería y ellos dijeron que era Coca Cola”.  

Afirmó que eso no se menciona en la recomendación, solo dice que se trajeron la camioneta. Fueron evidencias que se perdieron.

Otro indicio que encontró Guadalupe es una foto de cadáveres que le hizo pensar que uno de ellos es de José, pero lo donaron a una universidad. Ya pasaron dos años y tampoco hay repuesta.

“Yo no sabía ni me imaginaba que los donaban, le doy seguimiento a eso y me sale con que por qué lo donaron, ¿cuál es el protocolo dice que mínimo tres meses para poderlos donar? Resulta que ese cuerpo lo donaron a los 15 días y con base en eso también tenemos una solicitud al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, de parte de la Federación, de la Procuraduría de la República, para que nos expliquen cómo estuvo esa donación”.  

Aun así, la recomendación no fue dirigida al Instituto de Ciencias Forenses que ha manejado el caso de forma cuestionable.  

La presidenta del organismo, Luz del Carmen Godínez González, emite recomendaciones mucho más breves que sus antecesores. Argumenta que anteriormente había puntos que resultaban inalcanzables para las dependencias de Gobierno señaladas por violar derechos humanos. Por ejemplo, el cambio de estructura o generar un recurso extra para un programa específico.

Además, está enfocada en acabar con el rezago y en la “reingeniería” de la Comisión.

Ella se va a distinguir por emitir recomendaciones más breves. Garantizó que ese “va a ser su sello”.

“Son modelos diferentes. Si tú te fijas, también el contenido anteriormente eran recomendaciones así de gruesas que, difícilmente, a la hora de leerlas, veías el contenido y no eran muy entendibles, eran cuestiones muy técnicas. Acá buscamos, en este nuevo modelo, que sean respetar las cuestiones técnicas que tengan que ir, pero que sean entendibles para el mismo ciudadano al que le dan la recomendación”. 

Resuelven caso en tiempo récord  

Un coordinador de área y un instructor del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) acosaron laboralmente y hostigaron sexualmente a una persona de la diversidad sexual. Por ese conflicto faltaba a laborar y hasta lo despidieron.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación para que la persona sea inscrita en el Registro Estatal de Víctimas para que le reparen el daño. Además, el organismo debe ofrecerle una disculpa pública.

La persona emitió su queja en junio de 2022 y la recomendación de la defensoría salió este 3 de febrero. Fue en tiempo récord si consideramos que hay casos rezagados de dos o tres años.  

“Pretendemos, en un periodo de seis meses, estarle resolviendo al ciudadano si hay una medida conciliatoria, si hay que dictar medidas cautelares desde el primer momento se dictan, y si hay que llegar a una recomendación también en el menor tiempo, hacerlo”. 

Anteriormente la Comisión daba a conocer los nombres y apellido de las personas que incurrían en violación de derechos humanos, ahora no aparecen y esta es la justificación.

"Se argumenta especie de protección al funcionario de rango más alto (pregunta de la reportera) No, porque la recomendación va dirigida, hay un quejoso que directamente nos indica a qué persona se está aludiendo a la queja que le están vulnerando a tal funcionario que cumple tal papel entonces se le está dictando la recomendación que involucra directamente a esos servidores públicos y va dirigido en general a la dependencia".

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