Fotografía: Fátima Aguilar
Guadalajara, Jalisco.

Defender el medio ambiente en Jalisco significa luchar contra el gobierno y los intereses del sector privado como la construcción, denuncian integrantes del colectivo vecinal Únete Huentitán, quienes defienden el Parque Resistencia Huentitán desde hace más de una década donde se pretende desarrollar en un predio municipal “Distrito Iconia” un megaproyecto de torres verticales.

Actualmente el colectivo lucha por recuperar el predio municipal; sin embargo, han recibido una serie de represalias por parte del Gobierno del Estado y Guadalajara, además de una lenta resolución por parte de los organismos encargados de la justicia.

“Legalmente si existiera el estado de derecho en esta ciudad quienes estuvieran en la cárcel serían las autoridades y esos empresarios corruptos”.

Agregó que hace dos meses a través de la resolución de unos amparos interpuestos, descubrieron que hace tres años Enrique Alfaro modificó las contraprestaciones que debía cumplir la empresa constructora, sin consultar a nadie, ni al Gobierno de Guadalajara.

A raíz del desalojo violento por parte de las autoridades de seguridad en agosto del año pasado, el colectivo interpuesto seis amparos legales, de los cuales tres salieron a favor de la sociedad, uno de ellos tiene que ver con salvaguardar los más de mil árboles plantados en el parque; sin embargo, ya no hay nada que hacer porque ya no está lo que se plantó.

Arturo Mendonza denuncia la hipocresía de los servidores públicos que durante el periodo de campañas electorales del año pasado, visitaron el parque y dijeron que se unirían a la lucha y que ahora no alzan la voz.

“Esos que siempre estuvieron en contra son los que están ahorita en el poder, los demás, que ahorita están en los cargos públicos ya no los vemos y ni siquiera le fueron a echar agua al arbolito que plantaron que ya no están porque ya los quitaron”.

También criticó el actuar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) por no dar respuesta o postura del desalojo violento de las autoridades estatales y municipales hacia los activistas, en agosto del año pasado.

“Nosotros hemos interpuesto varias denuncias con la Comisión estatal de derechos humanos y no ha respondido, sigue en pausa”.

El colectivo ha denunciado a la actual administración de Pablo Lemus, y las dos pasadas del Gobierno de Guadalajara, y al Congreso de Jalisco, por permitir la serie de irregularidades para que la empresa continúe con el proyecto.

La lucha para ellos continúa pese a la serie de hostigamientos y amenazas que reciben.

María Ramírez Blanco

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