Guadalajara, Jalisco.

Con la justificación de que no hay un delito “cometido por servidores públicos”, el elemento está laborando fuera de patrullaje y sin arma, la Comisaría de Zapopan negó que vaya a suspender a David Alejandro, un policía de su corporación vinculado a proceso el martes pasado por los delitos contra la dignidad y amenazas en contra de Marely Romero, su ex pareja y ex ministerio público de la Fiscalía de Desaparecidos.

La Comisaría respondió que, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, solo se considera la suspensión temporal del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos, y el juez no determinó en dicha audiencia alguna medida cautelar para solicitar ello.

Recalcó que solo se le impuso que está obligado a presentarse periódicamente a la autoridad judicial, así como la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con la víctima durante los próximos cuatro meses.

De esta manera, el elemento podrá continuar su desempeño laboral en un área sin contacto con la ciudadanía, como se mantiene desde que inició este proceso penal en su contra.

Sobre el proceso administrativo interno que se sigue en el área de Asuntos Internos de la Comisaría, aseguraron que lo lleva la Dirección de Investigación y Supervisión Interna, misma que deberá presentar la resolución en la Comisión de Honor y Justicia para determinar responsabilidades, y en su caso, sanciones correspondientes. Aunque no se especificó cuándo podría ocurrir ello.

Respecto a la reunión solicitada por la ex ministerio público con el presidente municipal, Juan José Frangie, el área de Comunicación Social expresó que sí ha sido recibida por este. El 16 de agosto ocurrió la primera, junto con los encargados de la Dirección de Derechos Humanos y el Área Jurídica, encuentro que duró más de una hora para escucharla y acompañarla.

La segunda, argumentaron que se llevó a cabo el 29 de septiembre, cuando inició su huelga de hambre en el Centro Integral de Servicios de Zapopan (CISZ). Igualmente, fue atendida por el alcalde, el Área Jurídica y Asuntos Internos, en una reunión de tres horas.