Guadalajara, Jalisco.

Las desapariciones son un “tsunami” que ha rebasado a todas las instituciones en Jalisco, sentenció el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón, al rendir un último informe en la materia.

Previo a retirarse del cargo el próximo 1 de agosto, presentó en la Explanada del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) frente a colectivos, la información sobre desapariciones en el Estado y las acciones del organismo. Resaltó el primer lugar nacional que ocupa Jalisco en este delito con más de 15 mil personas en esa condición.

“Resulta insuficiente para atender a una tragedia que tiene tal dimensión, que parece que todo lo que se está haciendo es correr en una banda sinfín, porque los temas son todavía de mayor calado, requiere respuestas más profundas, requiere que la misma sociedad se involucre, y lo que sí se debe desterrar la perspectiva política, irresponsable de algunos de los que gobiernan que quieren minimizar este tipo de situaciones y que no alcanzan a identificar y a sentir el dolor de la gente”.

Dijo que tanto Federación, como Estado y municipios han fallado, por eso la recomendación recién emitida hacia gobiernos municipales, pues ninguno está exento de desapariciones y no existe la empatía ni acciones para prevenirlas. Tuxcacuesco y Santa María del Oro son los que concentran la mayor tasa.

“Crece en aquellos que por la cantidad de habitantes tiene mayor impacto, pues es decir, seis personas desaparecidas por cada mil habitantes, imagínense, ya lo decía el responsable de la Unidad, en dos cuadras hay mil personas, o sea, en dos manzanas que haya seis personas desaparecidas. La verdad es que a mí ya no me sorprende mucho porque en todas las regiones del Estado está creciendo también desde luego la presencia de grupos al margen de la ley”.

De 2017 a 2022, este organismo cuenta con mil 700 quejas y actas de investigación abiertas por una desaparición, de las cuales se emitieron 860 medidas cautelares y 149 recomendaciones, en donde se documentaron omisiones y deficiencias en las instituciones de búsqueda a tal grado que la crisis forense continúa en el Estado desde 2018.

“Todavía (continúa la crisis forense), no tenemos todavía el Centro de Identificación Humana, nos están informando cada semana los avances que ellos están realizando, pero pues nosotros creemos que tendría que ser una prioridad. El retraso en los dictámenes forenses, la falta de coordinación con la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda, la falta de personal, la falta de infraestructura parecería que va en cámara lenta la consolidación de la infraestructura básica”.

La falta de un Plan Homologado para la Búsqueda e Investigaciones, del mando y conducción del Ministerio Público, la dilación en la integración de las carpetas, el nulo seguimiento a la información que aportan las familias y cambios frecuentes de MP, son parte de las deficiencias documentadas por la Comisión.

La creación de una Área Especializada en Atención a Víctimas de Desaparición y el acompañamiento para la inhumación de mil 364 cuerpos de personas fallecidas sin identificar en cementerios municipales, son parte de las acciones hechas por este organismo.