Guadalajara, Jalisco.

Por la lejanía y por ser frontera con Michoacán, las autoridades estatales y federales claudicaron ante la situación que vive Jilotlán de Los Dolores, donde por amenazas del crimen organizado la mayoría de los candidatos desistió de participar en el pasado proceso electoral, las elecciones se anularon y hoy no hay condiciones para realizar otras, concluyó el politólogo, Carlos Villa.

Para el experto, se trata de un caso “estremecedor y complejo” al impedir procesos tan importantes en materia constitucional como son las elecciones, pero que, además, debe llamar la atención del Gobierno federal, pues tiene una tendencia a elevar la violencia y convertirse en algo más grave.

“Dejaron a merced a la población y regiones completamente controladas por el crimen organizado. Un vacío de poder, fundamentalmente, es el que es parte de los elementos que dieron lugar como caldo de cultivo a que se generara esta problemática y, como digo, también la parte fronteriza con un Estado que llegó a ser prácticamente ingobernado, que es el Estado de Michoacán”.

Destacó que en estos casos se requiere una intervención más a fondo, principalmente de la Guardia Nacional, para abocarse en estrategias más contundentes y eficaces donde no se vuelva habitual este vacío de poder, pues es lo peor que le puede pasar a una sociedad.

Carlos Villa enfatizó en que la función del Estado debe ser más decisiva y firme para contener a estos grupos del crimen organizado con tecnología y logística para garantizar que incluso los propios ciudadanos no manifiestan miedo por asumir cargos, como sucede con el Concejo Municipal, donde la sindicatura está por cumplir tres meses vacante.

“Es altamente peligroso, muy delicado, muy grave lo que suceda, que no se pueda gobernar y más delicado aún que las propias personas, temiendo por su seguridad, sus vidas, opten por no tomar en sus manos cargos públicos que son muy necesarios, que se ejerzan. Es muy necesario la actividad que lleva a cabo un municipio; es decir, el cabildo, el síndico, el secretario, todo en su conjunto”.

Consideró que también la iniciativa privada y las universidades deben intervenir para aportar con estudios técnicos, orientar estrategias, desmenuzar elementos para formar un contexto sin violencia, como se ha optado hasta ahora desde los gobiernos con un ataque frontal y violento al narcotráfico.