Fotografía: Cuartoscuro / Archivo
Guadalajara, Jalisco.

A dos años y medio deldeambular de dos tráileres con cámaras refrigerantes que contenían cuerpos sin identificar en condiciones indignas de conservación, no hay ningún servidor público sancionado por estos hechos que destaparon una crisis forense en Jalisco.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) evidenció esto en un informe presentado esta mañana. Su co-directora, Anna Karolina Chimiak expresó que este caso se mantiene en una plena impunidad.

“Y no existe transparencia e información clara y oficial sobre el seguimiento. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tiene a su cargo una investigación penal relacionada con los hechos, reconociendo la participación de servidores públicos del IJCF y de la Fiscalía Estatal, y dentro de esta carpeta hay una vinculación a proceso y también se espera audiencia de imputación para otra persona”.

La única funcionaria vinculada a proceso por la Fiscalía Anticorrupción es Yolanda Santiago Villela, quien firmó las facturas pagadas por el arrendamiento de los tráileres a dos empresas, cuando fungía como coordinadora general de Administración y Profesionalización en la entonces Fiscalía General del Estado.

Esto se supo luego de la respuesta a una solicitud de información. Durante el destape de este escándalo, la funcionaria laboraba como directora general administrativa en la Contraloría del Estado, dependencia que antes de darse a conocer la participación de su directora, había anunciado el comienzo de una investigación.

Anna Chimiak añadió que precisamente desde la Contraloría Estatal se les informó que derivado de la investigación administrativa, hubo cuatro servidores públicos con un mal actuar, aunque sólo uno se calificó con falta grave.

En tanto que, la contraloría interna del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) dice tener dos investigaciones administrativas, aún sin concluir.

Otros violaciones a derechos humanos que prevalecen impunes son la donación sin control de cuerpos y la incineración irregular de víctimas autorizada desde funcionarios de Ciencias Forenses desde 2006 hasta 2015.

Fatima Aguilar