Guadalajara, Jalisco.

A siete años de la emisión de la Alerta de Género en Jalisco por el incremento de violencia contra las mujeres, Patricia Ortega renunció como integrante del Grupo Multidisciplinario e Interinstitucional que vigilaba los avances de la misma porque observa un fracaso de la misma.

La académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG) consideró que la muestra más clara fue el feminicidio de Luz Raquel Padilla y cómo el Gobierno del Estado abordó el tema. Su retiro de la Mesa fue como protesta ante este hecho.

“Es como el fracaso más absoluto de todo el trabajo que se había venido haciendo durante siete años, aunque no fuera con el gobierno presente, con el actual, entonces es por eso que decidí dejar el grupo, yo participaba como representante, como académica de la Universidad de Guadalajara, y no hay caso, evidentemente no hay avances”.

La investigadora añadió que desde la pandemia, las reuniones entre sociedad civil y titulares de las dependencias no se regularizaron, mientras que los recursos del Estado no llegaban frente al diagnóstico que realizaron sobre el incremento de la violencia contra las mujeres. Para ella, el feminicidio de Luz Raquel evidenció que no hay capacitación ni sensibilización del funcionarado, tampoco atención rápida y efectiva, pero la “corona” de todo esto vino con la declaración del fiscal estatal, Luis Joaquín Méndez Ruíz.

“De todo el esfuerzo, de los pocos avances que creímos tener, cuando se presenta este caso de Luz Raquel, pues nos da la impresión de que no tenemos ningún resultado, de que no tenemos ningún avance, que lo que creíamos que era una avance, las organizaciones peticionarias, yo misma como académica, las funcionarias en el grupo, pues en realidad esto se desvanece cuando la vida de mujer vuelve a ser tratada como la trataron a ella”.

Añadió que pese a acudir a las mesas y llevarse compromisos, las autoridades del Gobierno del Estado, en la práctica, intentan justificar el mal trabajo y procedimiento. Dijo que observa una estrategia en esta administración de colocar a expertas o activistas en la titularidad de las dependencias, pero no para ejercer como tal, sino para contener a las organizaciones de hacer expresiones críticas respecto a la falta de avances o que no es una prioridad de la autoridad.

“Para nosotros es mucho más fácil pelar con los funcionarios que siempre han sido funcionarios, que con las compañeras de otras organizaciones. Paola Lazo cumple esa función de, es una persona que nosotros respetamos, que conocemos desde hace mucho tiempo, con la que hemos trabajado. Lo qué pasa es que estas personas creen que su experiencia que el gobernador les reconoce, que les admira y entonces las va a dejar hacer. No se dan cuenta que no las pone ahí para que hagan cosas, las ponen para que hagan para lo que él necesita que se haga y lo que necesita que se haga es que no haya reacción de la sociedad civil en el tema de mujeres”.

Lamentó que desde la Secretaría de Igualdad no se impidieron las declaraciones revictimizantes contra Luz Raquel o no hubiera algún pronunciamiento al respecto. De acuerdo con la académica, en estas mesas se encontraron con resistencias en todas las áreas cuando se señalaban errores de funcionarios.