Guadalajara, Jalisco.

Tras el informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que señaló algunas anomalías en el tema administrativo en el Congreso de Jalisco, el coordinador del Observatorio Legislativo del Iteso, Alberto Bayardo Pérez Arce, expresó que es urgente atender los puntos expuestos en el estudio. 

Además de la recomendación de reducir 600 trabajadores, el instituto también hizo hincapié en profesionalizar la gestión administrativa y revisar los criterios que se utilizan para designar los sueldos en el Poder Legislativo del Estado.

“Lo que están planteando es que hay tres sistemas distintos y cada uno da un número distinto de personas que están en la nómina del Congreso, lo cual eso refleja un desorden muy grande en esa parte administrativa (...)

Se tiene que revisar cuáles son los criterios para asignación de estos salarios, aparentemente en algunos casos es un asunto de un ascenso del tabulador, sobretodo en el caso de las personas que son de base que simplemente van acumulando temporalidad y conforme pasan los años van cobrando más, pero el hecho es que realmente no sabemos qué es lo que está pasando”, insistió.

El coordinador expresó que hay trabajadores administrativos que en lugar de responder a sus jefes responden a distintos grupos políticos, lo que provoca una ingobernabilidad dentro del Congreso de Jalisco. 

Otro punto señalado por el IMCO, es que dentro del Congreso muchas personas pueden manejar la nómina a su antojo para cambiar los salarios y puestos de una persona.

“El IMCO encontró que son muchas las personas que tienen la posibilidad de intervenir en el registro de la nómina y pueden hacer cambios ahí. Entonces alguien podría meterse al sistema de la nómina y cambiar la asignación salarial de una persona y no hay manera de controlar eso porque no está claro quién puede… está claro quienes lo hacen o tienen la posibilidad de hacerlo, pero no hay un control para asegurar que no se haga de manera desordenada o incluso indebida”.  

Alberto Pérez concluyó que para atender el desorden administrativo en el Congreso se requiere de mucha voluntad política y presión social al Poder Legislativo.