Guadalajara, Jalisco.

Las omisiones e irregularidades cometidas por ex funcionarios durante la crisis forense de 2018, y el destape del mal manejo de cuerpos sin identificar en dos tráileres rentados que deambularon por el Área Metropolitana de Guadalajara, podría no tener más personas sentenciadas por ahora.

Después de la vinculación a proceso de Luis Octavio Cotero Bernal, ex director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y el ex director del Servicio Médico Forense (Semefo), Eduardo Mota Fonseca en septiembre de 2021, ambos recurrieron a diversas vías jurídicas para evitar llegar hasta una sentencia, según lo informó el fiscal anticorrupción, Gerardo De la Cruz Tovar.

“Ahí ellos están haciendo uso de los mecanismos. En el caso del (ex) director del Instituto, él acudió al amparo. En este momento está tramitándose un amparo y, por otra parte, el médico que era el director de medicina forense, él no. Él está pidiendo una suspensión condicional del proceso, pero para llegar a una suspensión nosotros tenemos que presentar una reparación integral del daño; entonces, en este momento estamos en el proceso de generar los datos de prueba suficientes para establecer a qué reparación integral del daño tienen derecho los familiares de los cuerpos que estuvieron por ahí paseándose”.

Ambos ex funcionarios siguen su proceso en libertad y, de acuerdo con el fiscal anticorrupción, fueron notificados de la solicitud de amparo contra la vinculación a proceso por parte de Cotero Bernal, al ser los terceros interesados, pero aún no se les informa que sí se le concedió.

En el caso de Mota Fonseca, la suspensión condicional del proceso implica la posibilidad de terminar el asunto para ya no investigarlo penalmente. Según De La Cruz Tovar, el ex funcionario deberá cumplir con ciertas medidas durante el tiempo que lo estipule un juez y hacer una reparación integral del daño a las familias de las víctimas al cubrir el costo de un tratamiento psicológico.

“Para saber si durante el tiempo que el juez establezca, y puede ser seis meses, un año, eso está en la cancha del juez, si no se comete un nuevo delito, si no se comete una conducta irregular, pues entonces lo que sigue es el sobreseimiento del asunto y se termina ya completamente. Estamos en el proceso de identificar, porque prácticamente sería una por cada cuerpo que se paseó, pero estamos en el proceso de identificar porque muchos de esos cuerpos no eran identificables”.

Aceptó que en esos casos resultará complicado encontrar a todos los familiares.

La Fiscalía Anticorrupción tiene pendiente una carpeta de investigación más, donde aún no se identifica quién fue el responsable del mal manejo de los cadáveres y los indicios en Ciencias Forenses.

Hasta ahora sólo hay una persona sentenciada por este caso: Yolanda Santiago Villela, ex directora administrativa de la Fiscalía Estatal y la responsable de arrendar los dos tráileres por 222 mil pesos. Se le dio un año y cuatro meses de prisión, así como la inhabilitación del servicio público por seis años.