Guadalajara, Jalisco.

La militarización de las aduanas en México ha provocado que se eleven los precios de los procesos de comercialización internacional. Esto es lo que afirma Miguel Ángel Landeros, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente (COMCE), tras afirmar que éstas se encuentran “detenidas” ante el desconocimiento en su operación por parte del personal militar.

“Lo hemos dicho, recio y quedito, sobre la propiedad de las autoridades militares, pero la experiencia también cuenta y los criterios rígidos también cuentan, y si a eso le agregamos que hay menos personal y menos recursos, pues claro que nos afecta porque el comercio exterior es la columna vertebral de la economía de México”.

Reconoció que han entablado comunicación con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, para que sus peticiones sean escuchadas. Mientras tanto, el retraso de logística en las aduanas, principalmente en la de Manzanillo, que es la puerta del comercio asiático al país, se mantiene. Y con los altos costos operativos que esto conlleva.

“Y no nomás eso. Hay empresas que se han puesto en jaque, y no sólo estamos hablando de grandes empresas, sino de medianas y pymes que no pueden soportar que sus mercancías estén paradas muchos días, porque cuando requieran de estos insumos ya les cuestan el doble porque tienen que pagar costos de almacenaje, traslados, etcétera”.

Por otro lado, el dirigente del Comercio Exterior en Occidente señaló, posterior a su reunión mensual con empresarios jaliscienses, que la contralora del Estado, Teresa Brito, asistió en una mesa de trabajo para recibir una petición especial del empresariado referente a los negocios y licitaciones que se hacen con entidades gubernamentales para evitar la corrupción y que las compras y licitaciones sean dirigidas.

“Estamos buscando que se modifique el Código Penal para que también haya penas para quien manipule la información relacionada a las compras que se realizan en el Gobierno, y que, aunque ya se haya dado el proceso, pueda tener alguna acción penal. No sabemos si va a prosperar, esto es algo que tenemos que platicar con el Legislativo, pero yo creo que sí hay sensatez, porque es un solo artículo el que se tiene que modificar, pero se debe entender que esto es en abono a la agenda anticorrupción”.