Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con información de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Jalisco es uno de los estados con mayor reclutamiento forzado a menores de edad por parte del crimen organizado. Una situación que se ha agravado a partir de la guerra contra los cárteles de la droga durante el sexenio de Felipe Calderón.

Así lo explicó Juan Martín Pérez, coordinador regional de tejiendo redes infancia en América Latina y el Caribe. Recordó que desde el 2011 el Comité de derechos del niño de las Naciones Unidas ya había solicitado al Estado Mexicano tipificar dicho delito. 

“2011, el Comité de derechos del niño de las Naciones Unidas le pide al Estado Mexicano, estamos hablando de hace ya 12 años que tipifica este delito, porque ahora mismo no se puede sancionar a nadie por este delito aunque sea un crimen internacional, no hay forma de sancionarlo en México. Segundo, que reconozca que esto es un problema por la estrategia de seguridad y cambiarla. Y tercero, crear programas de desvinculación para rescatar a los que están ya en manos del crimen”.       

Según datos del observatorio, entre 30 a 40 mil adolescentes son reclutados cada año y aproximadamente 250 mil están en situación de riesgo. Ante este panorama, se derivan otras problemáticas como los casos de desaparición, la trata de menores y jóvenes adolescentes que terminan muriendo en enfrentamientos contra las fuerzas armadas.

En el caso de Jalisco, además del reclutamiento forzado, es el estado con más desaparecidos y Puerto Vallarta es uno de los lugares donde hay más casos de prostitución infantil. 

“En términos de trata, digamos Puerto Vallarta específicamente, es uno de los lugares ya conocidos como nodos de crimen internacional y nuevamente recordemos que el Estado de Jalisco con la Iglesia de la Luz del Mundo a través del señor Joaquín Nasón que ahora está detenido en Estados Unidos, nos muestra cómo esas redes están en todo, incluso en las iglesias”.    

El coordinador Juan Martín concluyó que tanto el Gobierno Federal, como los gobiernos estatales y municipales, deben dialogar y replantear juntos una estrategia de seguridad, dejando a un lado las diferencias políticas.